El consejo directivo de Oi decidió acogerse a la ley de quiebras brasileña ante las dificultades encontradas para enderezar el rumbo financiero del operador y hacer frente a una monumental deuda, que a la fecha asciende a 65.400 millones de reales (19.236 millones de dólares).
La compañía, que enfrentó la semana pasada la renuncia de su CEO, Boyard Gontijo, sostuvo que la medida pretende preservar la continuidad de su oferta de servicios y el valor de sus activos, además de mantener la continuidad de su negocio para proteger los intereses del grupo, clientes y accionistas, entre otros.
A comienzos de año las agencias Standard & Poor (S&P) y Fitch decidieron rebajar la calificación crediticia de Oi. En marzo, llegó a un acuerdo con la asesora financiera PJT Partners, que sugirió un intercambio de deudas por acciones. Al mes siguiente intentó consensuar una reestructuración con tenedores de bonos mediante la firma Moelis & Company.
Sin embargo, las conversaciones no rindieron frutos. Fuentes vinculadas a la empresa comentaron al periódico O Globo en marzo que el padecimiento de Oi también se vio exacerbado por la situación que atraviesa el mercado en Brasil, donde el proceso recesivo ha incidido en cancelaciones de líneas y altas tasas de morosidad.
Por su parte, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) dijo que suspenderá preventivamente cualquier operación que pese sobre los activos de Oi hasta que se encamine el proceso de quiebra y que velará por el normal funcionamiento de la empresa y la protección de los derechos de sus usuarios.
