La Red Compartida ya es un hecho en los papeles; ahora hay que desplegarla

El consorcio Altan, Telecomunicaciones de México (Telcomm) y el Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) firmaron el contrato de asociación público-privada como primer paso en el desarrollo del proyecto de Red Compartida, cuyo inicio de operaciones está pautado, como máximo, para el 31 de marzo de 2018.

La iniciativa contempla el despliegue de una red de última generación para ofrecer 4G a más de 100 millones de mexicanos. La meta de cobertura inicial es del 30 por ciento de la población y se deberá llegar al 92,2 por ciento una vez culminado el proyecto. La inversión estimada asciende a 7.000 millones de dólares.

La firma del contrato se dio una semana después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) otorgara “títulos de concesión para el uso comercial con carácter de red compartida mayorista y para la explotación de espectro radioeléctrico” a favor de Altan y Promtel, respectivamente, por un plazo de 20 años.

La red compartida es parte de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada tres años atrás.

Cuatro consorcios se mostraron interesados pero sólo dos presentaron propuestas formales: la de Altan fue aprobada y la de Rivada Networks fue desechada, pues se consideró insolvente tras no presentar una garantía de seriedad. La última decidió acudir a la justicia y pidió frenar el proceso por supuestas irregularidades, pero su solicitud no se acogió.

Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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