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Osiptel considera “no adecuado” que operadores de TV cobren alquiler por decodificadores
Un comunicado de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) abrió la polémica. El organismo indicó que recibió quejas de clientes disconformes por el cobro de alquiler de decodificadores que realizan Movistar, Claro y Directv en su rol de operadores de televisión paga en Perú, y pedía al regulador que se pronuncie al respecto.La respuesta no se hizo esperar. En un comunicado, el regulador señaló que “está práctica no resulta adecuada en tanto que estos equipos son indispensables para la prestación efectiva del servicio, por lo que la empresa debe proveerlos como parte del mismo” y agregó que se encuentra trabajando en una nueva norma que “precisará las condiciones para la prestación de TV por cable”.Osiptel indicó además que la nueva normativa, que podría ser puesta a consulta pública en el segundo semestre del año, garantizará mayor transparencia y simplicidad en la contratación y cobro del servicio, promoviendo a su vez condiciones adecuadas para una mayor competencia.En el pedido, la Aspec agregó que los decodificadores no se requerían antes sino que fueron instalándose como medida en contra de la piratería. En un principio se vendían pero luego comenzaron a alquilarse. “En consecuencia el usuario debe pagar por ellos miles de soles según la cantidad de equipos y de años que tenga el servicio, lo cual es una arbitrariedad”, opinó el presidente de la asociación, Crisólogo Cáceres.Según el funcionario, el alquiler de decodificadores viola el artículo 25 de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, donde se establece que el operador puede realizar modificaciones en sus sistemas equipos por necesidades propias o razón del proceso tecnológico, pero esas no deben implicar costos para los abonados.Cáceres agregó que con ese cobro extra está ocultando un incremento de tarifa y a esto se suma que, por las características técnicas del equipo, el proveedor se convierte en el único capaz de ofrecer un decodificador compatible, por lo que el usuario está obligado a pagar un monto que afecta a su economía.