La Cooperativa de Telecomunicaciones de La Paz (Cotel) pidió un amparo constitucional para anular una resolución que embargó sus oficinas centrales a causa de una deuda de 50 millones de bolivianos (unos siete millones de dólares) al Servicio Nacional de Impuestos (SIN).
De acuerdo con la cooperativa, la deuda “no corresponde cancelarla debido a la inexistencia de una norma legal que regule el pago de impuestos a las utilidades a las remesas al exterior”, explicó Marco Antonio Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración, al periódico local La Razón. Además, el ejecutivo argumentó que las cooperativas pagan una tasa del 2,5 por ciento, mientras que la SIN le demandó a Cotel el pago del 12,5 por ciento.
De acuerdo con SIN, la cooperativa acumuló deudas por el incumplimiento en el pago del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las transacciones, impuesto sobre las utilidades de las empresas beneficiarios al exterior y el impuesto sobre utilidades de las empresas, correspondientes a las gestiones 2009, 2010 y 2014.
Ahora, Cotel indicó que solicitará una audiencia con el presidente Evo Morales para tratar el caso. La cooperativa alertó que si se rematan sus oficinas unos 120.000 socios perderían su patrimonio.
