Desde que el gobierno de turno asumió el poder en julio del 2016 y anunció la decisión de transformar el actual viceministerio de comunicaciones (VC) –perteneciente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- en el viceministerio de tecnologías de la información y comunicación (VTIC), ha pasado un año y medio de discusiones internas entre las entidades del mismo Ejecutivo para que el gobierno finalmente enviara su propuesta al Congreso.
Según el VC, la demora de esta decisión se debió, entre otras causas, a la situación de emergencia que atravesó el Perú a inicios del año debido al fenómeno del Niño Costero. Es comprensible que tal situación de emergencia nacional retrasara dicho plan, pero definitivamente un retraso de año y medio sólo puede ser entendido por esas “otras causas”. ¿Por qué una decisión aparentemente ya tomada por el Ejecutivo hace un año y medio recién se propone ante el Congreso? ¿Qué ocurrió entre los bastidores del Ejecutivo para prolongar dicha decisión por tanto tiempo? ¿Existieron conflictos entre distintas entidades para mantener cierto empoderamiento o es que es normal que los planes de esta magnitud se estudien con mucho esmero y ameriten ese prolongado tiempo de análisis antes de ser propuestos? Aunque si fuera esta última razón, hubiéramos esperado una propuesta con un análisis y fundamentación más detallada y no, como efectivamente fue, un documento de apenas 17 páginas.
Dejando de lado lo anterior, esta es una medida muy esperada por gran parte del sector, ya que muchos sostienen que es necesaria una entidad que tenga el empoderamiento suficiente para coordinar las diferentes políticas públicas concernientes a las TIC. Si bien existe unanimidad acerca de la necesidad de dicha entidad, no muchos concuerdan con que el VTIC sea la mejor manera de generar una óptima institucionalidad. De hecho, la opinión más difundida es que la entidad a cargo de las TIC debería ser un ministerio y no un viceministerio.
Ciertamente, ejemplos como Colombia muestran que la importancia de las TIC en las políticas públicas cobra mayor relevancia en la agenda política cuando el presidente del país está comprometido en ello. Y como sabemos, un presidente no se reúne con un viceministro sino con un ministro.
Además, cualquier viceministerio que esté junto al viceministerio de transportes (VT) irremediablemente se sentirá opacado. En efecto, para notar la diferencia podemos observar lo siguiente:
- el monto de inversión de infraestructura en transportes y telecomunicaciones: de julio 2011 a febrero 2017, el Estado adjudicó proyectos de inversión por 6,300 millones de dólares en transportes (68 por ciento del conjunto) y por 2,900 millones de dólares en telecomunicaciones (32 por ciento del conjunto)
- la cantidad de normas publicadas en el Diario Oficial: de 305 normas entre enero a octubre del 2017, 191 (63 por ciento) pertenecen a transportes y 114 (37 por ciento) a comunicaciones, de las cuales 50 fueron de radiodifusión (16 por ciento), 46 de concesiones (15 por ciento), y sólo 18 (6 por ciento del total) fueron normas de telecomunicaciones de carácter general (8 de ellas como proyectos)
Dada esa diferencia, ¿es posible que un ministro que lidia con el sector transporte preste la atención debida a otros sectores? Basta echar un vistazo a las declaraciones del actual ministro para notar que casi nunca habla de las telecomunicaciones, pues casi todas sus opiniones están relacionadas al sector transporte.
Con todo, muchos sostienen que es necesario ir paso a paso, y que una medida más realista, antes de tener un ministerio dedicado solo a las TIC, es al menos dar un paso previo y contar con un VTIC. Esto parece tener mucho sentido, por lo que es probable que el Congreso acabe aprobando dicha medida.
Ahora, hay que ser cautelosos y no pecar de optimistas. Coordinar el sector de las TIC es una tarea titánica, y requiere de un conocimiento transversal de la economía. ¿Está el VC preparado para esa labor? Si repasamos su accionar en el sector de telecomunicaciones, veremos que existen muchas coordinaciones estratégicas que demuestran que el VC no ha tenido la habilidad para resolverlas debidamente. Por citar solo dos casos, tenemos:
- el pago del canon por el uso del espectro radioeléctrico
- la débil estructuración de las condiciones técnicas, económicas y legales de las redes regionales en el marco de la red dorsal nacional de fibra óptica (RDNFO)
Respecto al canon, existe una deuda en disputa por 250 millones de dólares que el Estado ha dejado de recaudar de los operadores Telefónica y América Móvil por el uso del espectro. Es un problema que se remonta a inicios del 2016, cuando Indecopi, la entidad estatal que vela por la eliminación de las barreras burocráticas, falló en contra de la metodología utilizada por el MTC para el cobro del canon por el uso del espectro. Hasta donde alcanza mi conocimiento, dos años más tarde, este problema continúa sin resolverse. No es solo una disputa entre el viceministerio de comunicaciones y los operadores, sino incluso entre el VC y otra entidad estatal: Estado vs Estado.
En cuanto a los proyectos regionales, si bien la implementación de la RDNFO ha sido un gran logro, existen aún grandes desafíos para alcanzar la sostenibilidad tanto de la red dorsal como la extensión de las redes regionales. Desafíos que implican la coordinación de intereses diversos entre el operador adjudicatario de la red dorsal (Azteca), adjudicatarios de las redes regionales (Telefónica, Gilat y Redes Andinas), de los potenciales adjudicatarios de los nuevos proyectos a ser licitados e incluso los operadores mayoristas de transporte privado (Internexa).
Lamentablemente, las opiniones de los operadores acerca de cómo se están implementando los proyectos de la red dorsal no son favorables. Así, diversos operadores se han pronunciado al respecto: Azteca se queja de su escasez de clientes, Gilat de que las condiciones de las nuevas licitaciones amenazan con no tener ningún postor interesado, e Internexa de que los precios no deben subsidiarse en todas las regiones de igual manera pues eso acarrea una práctica anticompetitiva contra los operadores privados mayoristas. Nadie está contento. Y aunque las redes regionales son un problema muy complejo, es apenas una pequeña parte del multidimensional sector de las TIC.
Con estos antecedentes, existen razones para ser cautelosos: un viceministerio que no ha podido lidiar eficientemente con las coordinaciones en el sector de las telecomunicaciones, ¿tendrá la capacidad para lidiar con la mayor responsabilidad de liderar las TIC?
