El bloqueo de señales en centros penitenciarios rige desde mediados de 2016 en El Salvador como parte de una serie de medidas transitorias que se aplicó a la ley penitenciaria local. En abril se amplió por seis meses la vigencia de esos artículos transitorios y ahora se discute que algunos de ellos, entre los que aparece el relacionado con telecomunicaciones, pasen a ser permanentes.La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad dio dictamen favorable al proyecto que, en concreto, busca reformar la ley penitenciaria incorporando algunas de las medidas que hasta el momento están incluidas en carácter transitorio. La iniciativa pasó al pleno legislativo para su aval definitivo.Las medidas transitorias rigen bajo el decreto 321. La norma expresa en su artículo sexto que “se dispondrá de todas las medidas técnicas necesarias para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios”. Para ello, los operadores deben prestar cooperación y, de no ser suficiente, se procederá a reubicar antenas e infraestructura de telecomunicaciones existentes.Para el caso específico de tráfico proveniente de redes inalámbricas “se prohíbe a las personas a facilitar señales de este tipo en los perímetros y espacios de centros de internamiento de menores, reclusión temporal o penitenciarias'. Los proveedores de servicio, en tanto, no podrán instalar equipos o infraestructura que generen o transmitan señales en zonas aledañas ni habilitar servicios a usuarios con equipos cuyas señales alcancen el interior de cárceles.El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública fue designado como único facultado para monitorear la presencia de señales en centros carcelarios. De resultar necesario, la cartera podrá solicitar opinión técnica de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget). En caso de incumplimiento de alguna de las partes, se procederá a las sanciones y multas correspondientes.Hace un mes, diputados de Costa Rica aprobaron el proyecto que busca incluir dentro de las obligaciones de los operadores la adopción y aplicación de procedimientos que impidan la prestación de servicios en cárceles locales. Los operadores se quejaron y pidieron que no se los responsabilice por algo que las fuerzas de seguridad no pueden cumplir.