Dos temas se mantienen en la primera plana de las telecomunicaciones en Chile, dos temas que tienen en vilo a un mercado que avanza en el camino hacia 5G. El primero es la decisión de la Corte Suprema que obliga a las empresas a devolver espectro y el otro es el congelamiento de la banda de 3,5 GHz por parte de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel). Como una serie de Netflix, esta última discusión presentó un nuevo capítulo en las últimas horas: el descargo del regulador ante la Corte de Apelaciones.
Entel y Claro habían presentado un recurso de protección y la Subtel se presentó, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), para formalizar su defensa. Expuso que “no existen derechos de propiedad de particulares sobre el espectro radioeléctrico. Este activo es un bien nacional que se asigna a los operadores para hacer posible el cumplimiento de sus respectivas concesiones”.
En 2001 cuando se llamó a concurso para otorgar concesiones de telefonía fija inalámbrica en la banda de 3,4 GHz – 3,6 GHz Entel resultó favorecido porque se le cedieron 14 concesiones, dijo la cartera. Durante más de una década el espacio estuvo inactivo. El último año la empresa presentó 110 solicitudes de modificación para implementar “un nuevo tipo de tecnología en sus antenas”. Algo similar ocurrió con Claro, pero con menos solicitudes, agregó.
Las compañías “dieron uso irregular a la banda de 3,5 GHz para consolidar una ventaja anticompetitiva por sobre otros operadores sin asignación de espectro en esa porción o con asignaciones marginales”, sentenció Subtel en declaraciones tomadas por La Tercera.
Sobre los 30.000 clientes que Entel tiene en esa porción de espectro, indica que queda claro que la migración de esos usuarios a la banda de 2,6 GHz o 700 MHz no tendrá efecto alguno en la calidad de servicio que el operador da a sus usuarios. La situación es aún más favorable si se considera que Entel presenta mayor grado de holgura o capacidad ociosa en el tráfico de datos en 4G. El accionar de Entel no tiene otro objetivo que “consolidar ilegítimamente y a última hora una posición anticompetitiva”, concluyó.
