El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Comunicaciones (Mctic) y la estatal Telebras recurrieron la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de suspender provisoriamente el contrato que mantienen para el cumplimiento del programa Gobierno Electrónico – Servicio de Atención al Ciudadano (Gesac).
Dos semanas atrás, el tribunal había tomado como válida la denuncia del Sindicato Nacional de Empresas de Telefonía y de Servicio Móvil Celular y Personal (SindiTelebrasil) y decidió suspender la alianza por presuntas irregularidades en el contrato, que podrían tener graves consecuencias para los intereses públicos.
El director de Banda Ancha del Mctic, Américo Bernardes, indicó que “el proceso fue público y transparente” y se quejó de que la jueza Ana Arraes haya emitido su parecer sin consultar previamente al gobierno, publicó el portal local TeleSintese.
Uno de los puntos cuestionados, agregó, fue la exigencia de la oferta nacional de 10 Mbps. La propuesta inicial del Mctic fue establecer conexiones diferenciadas de entre 5 y 20 Mbps pero el Ministerio de Educación definió los 10 Mbps para las 8.000 escuelas rurales contempladas en la primera etapa del proyecto, defendió.
Arraes había dado 15 días al Mctic y a Telebras para contestar una serie de cuestionamientos sobre el acuerdo analizado. Entre ellos estaba la ausencia de criterios para comprobar la calificación económica-financiera del contratado, inexigibilidad de licitación con justificaciones indebidas y el pago adelantado de 60 millones de reales (16 millones de dólares) a la estatal.