El bloqueo de señales celulares en cárceles de El Salvador pasó de ser una medida transitoria a convertirse en permanente. La Asamblea Legislativa aprobó con 71 votos a favor el dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Pública para reformar la ley Penitenciaria local al considerar que esto “permitirá contar un marco regulatorio para mantener el orden y la estabilidad en los centros de detención”.
La historia comienza en 2016, cuando se incorporaron una serie de medidas transitorias a la ley Penitenciaria. En abril pasado se amplió por seis meses la vigencia de esos artículos y algunos de los ítems fueron incorporados a la normativa como permanentes, entre ellos el vinculado a las telecomunicaciones. También aparecen otros relacionados con la ejecución de actos procesales por videoconferencia, cambios en las facultades de autoridades penitenciarias y protocolos de internamiento ante determinados hechos delictivos.
El artículo relacionado al sector expresa que “se dispondrá de todas las medidas técnicas necesarias para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios”. Agrega que para ello los operadores deben prestar cooperación y, de no resultar suficiente, se procederá a reubicar antenas e infraestructura existente. El cumplimiento de estas medidas y su monitoreo quedó en manos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Se sancionará a las personas físicas o jurídicas que “faciliten señales en perímetros y espacios de centros de internamiento de menores, reclusión temporal o penitenciarios” al tiempo que los operadores no podrán instalar equipos que generen o transmitan señales en zonas aledañas ni habilitar servicios a usuarios con equipos cuyas señales alcancen el interior de cárceles, dispone la ley aprobada.
