5G & Transformación Digital – ¿Está preparada la regulación para la economía digital? Esta pregunta, que aparece recurrentemente en los eventos del sector, volvió a ser tema de discusión en la presentación de Leonardo Euler de Morais, consejero de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) en el marco de 5G & Transformación Digital, evento online organizado por TelecomWebinar.
La industria de telecomunicaciones se encuentra en un punto de inflexión. La caída de los negocios tradicionales y la necesidad de seguir invirtiendo en nuevas redes y servicios provocan una baja en los retornos de inversión (ROI). El movimiento natural de las empresas ante una baja del ROI es la consolidación, que ya estamos comenzando a ver en Latinoamérica, tanto en su modalidad horizontal como vertical. El segundo movimiento es la búsqueda de nuevos negocios que ayuden a generar nuevas formas de ingreso. Ahora, para que estos movimientos sucedan, debe existir un marco que acompañe el desarrollo del sector, al mismo tiempo que lo regule y controle.
En el caso de Brasil, Morais apuntó que Anatel fue “exitoso en generar competencia” y destacó que el 86 por ciento de la población habita en zonas donde existen cuatro o más opciones de operador móvil. La gestión de espectro fue uno de los puntos que marcó como importantes para el éxito del modelo.
Brasil ha logrado posicionarse como pionero en cantidad de espectro otorgado a operadores, aunque aún debe trabajar en la limpieza de algunas bandas. Igualmente, lento pero constante, el país avanzó: 700 MHz ya se encuentra liberado en las principales capitales del país. Ahora, Brasil tiene el desafío de utilizar 3,5 GHz para IMT, banda en la que actualmente está operando TV abierta satelital. El país se encuentra actualmente en un período de testeo de convivencia de ambas tecnologías, con el propósito de licitar las primeras bandas para 5G en 2019, junto con 2,3 GHz y un remanente en 700 MHz.
Adicionalmente, Morais apuntó que trabajan en una nueva propuesta de tope de espectro. La iniciativa es que en bandas menores a 1 GHz, se autorice la acumulación de espectro hasta siempre que un solo operador no supere el 35 por ciento del espectro disponible en el mercado. Si un operador tiene entre 35 por ciento y 40 por ciento del espectro disponible, puede ser autorizado por Anatel para conservarlo, aunque con condicionamientos. En el caso que supere el 40 por ciento, el operador en cuestión deberá devolver espectro. Para las porciones de frecuencias entre 1 GHz y 3 GHz, la propuesta es similar aunque baja el porcentaje autorizado automáticamente hasta el 30 por ciento. Entre un 30 por ciento y un 40 por ciento se ubica esa zona gris donde el operador todavía puede conservar el espectro si cumple una serie de condicionamientos. Morais apuntó que la propuesta se encuentra en consulta pública.
Más allá del espectro, Brasil cuenta con una serie de desafíos regulatorios. “La tecnología avanza a pasos agigantados, pero la regulación no la sigue a la misma velocidad”, apuntaba Morais. El hecho es que en Brasil tiene en discusión modificaciones a la regulación de telefonía fija que hoy impone inversiones en servicios que han quedado en desuso. “En Brasil se gastan 1.000 millones de reales al año en teléfonos públicos”, alertó. Se trata de un desembolso de 242 millones de dólares en un servicio que no genera ingresos para el operador.
Morais apuntó que se debe pensar en un marco mucho más flexible y eficiente, que contemple iniciativas regulatorias para potenciar nuevos negocios como Internet de las Cosas (IoT). Para ello, se debe revisar conceptos como M2M y los modelos de recaudación para la creación de fondos para la disminución de la brecha digital. Particularmente, apuntó que el Fondo de Fiscalización de las Telecomunicaciones (Fistel) debe retornar al sector para impulsar nuevos negocios como IoT. “No va a existir IoT si no usamos Fistel para M2M”, alertó.
Además del Fistel, los operadores en Brasil colaboran con el Fondo de Desarrollo Tecnológico de las Telecomunicaciones (Funttel) y el Fondo de Universalización de Servicios de Telecomunicaciones (Fust). Sin contar estos fondos, la carga tributaria de los operadores es del 43 por ciento, ubicando al país dentro del grupo con mayor presión impositiva para el sector. Esto, indicó Morais, es un problema y consideró que si se disminuye esta carga se podrá mejorar la inversión. Eso sí, también apuntó que se debe rever la política tributaria para dispositivos y ver cómo equiparar los desembolsos en fondos como Fistel entre los equipos que operan en bandas licenciadas con los que lo hacen en bandas no licenciadas.
