5ta Conferencia sobre Gestión de Espectro – “Las empresas sólo adquieren espectro en la medida en que el valor supera el precio” decía Néstor Bruno, gerente Senior en el área de Planificación Estratégica de Telecom Argentina. La frase resume la mañana de la segunda jornada de la 5ta Conferencia sobre Gestión de Espectro, que se desarrolla esta semana en Buenos Aires, Argentina.
El precio del espectro es un tema que genera ‘tironeos’ entre los actores de la industria de telecomunicaciones. Los operadores esperan pagar menos por la adquisición de espectro y los reguladores —empujados muchas veces por las necesidades presupuestarias— apuntan a sacar el mayor provecho económico a la venta de frecuencias.
Los operadores aseguran que “mayores precios de espectro determinan decisiones de inversión” y muestran gráficas que explican que, a mayor precio pagado por adquisición de espectro, más se demoran los operadores en cubrir de redes el país.
Sebastián Kaplan, director de Regulación de Millicom, se quejó de que que en países como Panamá o Ecuador los fees por espectro han sido “muy altos” y alertó que esto es un antecedente perjudicial para la región porque otros reguladores podrían querer empujar los precios hacia arriba.
El precio del espectro es una negociación entre las necesidades de recaudación —hay países como Colombia en dónde la ley específicamente señala que hay que maximizar el recaudo—, el interés de los operadores, el despliegue de redes y el modelo de negocio.
Los reguladores tienen distintos criterios para definir los precios mínimos de referencia en las licitaciones de espectro que atienden a condiciones específicas de cada mercado. Esto, afirmaron los panelistas, es un problema al realizar un benchmarking internacional porque muchas veces los reguladores se quedan con el número final e intentan replicarlo sin tener en cuenta estas condiciones que generan estas diferencias.
Víctor Menezes, de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) indicó que para la definición de los valores mínimos de espectro la agencia tiene en cuenta la composición de mercado, sus ingresos, gastos e impuestos, entre otras condiciones. Las obligaciones de cobertura, presentes en algunas subastas, se descuentan del precio mínimo que surge del análisis anterior, con el objetivo de fijar un número que satisfaga a la industria. La plusvalía que surge en la subasta es la ganancia del Estado por poner a disposición de los operadores ese espectro.
En tanto, Martha Suárez, de la Agencia Nacional de Espectro (ANE) apuntó que en Colombia se toman variables clásicas como frecuencia, ancho de banda y duración del permiso, tamaño, proyecciones de crecimiento, ARPU, churn, costos de adquisición de clientes y costo de retención del clientes antes de tomar una decisión sobre el precio mínimo del espectro. Además, tiene en cuenta el costo que le demanda al Estado la gestión de ese espectro. “Hicimos un estudio para entender cuánto nos cuesta la gestión de espectro tanto desde la planeación como el control con el objetivo de que el costo/beneficio sea proporcional”, señaló Suárez.
Desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones de México (IFT), el comisionado Mario Fromow apuntó que una vez establecido el mínimo de referencia, se espera sea el mercado quien defina el valor del recurso. El IFT tiene en cuenta la referencia nacional e internacional sobre el valor de adjudicación de ese espectro y consulta con el Ministerio de Hacienda antes de definir un precio mínimo. “Un estudio de GSMA dice que en México el costo por el derecho de espectro es caro. Ahora contratamos a una consultora internacional para analizar este tema y tener nuestros propios datos. Una vez tengamos concluido este tema, vamos a hablar con Hacienda para ver si hay que hacer cambios”, explicó el comisionado que también se preguntó qué pasaría si el resultado del estudio es que el precio del espectro está correcto en ese país, “¿también nos acompañarán los operadores?”, bromeó.
La realidad es que los operadores, ante la necesidad de espectro para montar sus redes, muchas veces pagan más de lo que quisieran por el recurso. Esto es una buena noticia para las arcas de los gobiernos, pero no para los usuarios porque, aseguran, un pago desproporcionado por el espectro significa que las redes se despliegan con más lentitud. “Hay que tener en cuenta la restricción prespuestaria. Quizás a un operador, estratégicamente, le conviene validar un precio alto del recurso pero entonces pone restricciones en el despliegue, en la inversión o en la calidad del servicio”, apuntó Bruno.
Para evitar estas restricciones, los operadores buscan que los países copien el modelo chileno, en el que el espectro se entrega a cambio de compromisos de cobertura. “En un país de Centroamérica estamos dialogando para adquirir espectro a cambio de compromisos sociales”, adelantó Kaplan.
Lo que se juega en estas negociaciones son expectativas y modelos de negocio. “Los reguladores están viendo el caso de negocio. Es muy importante porque nosotros somos socios en esto. El gobierno debe entender cuál es el caso de negocio de los operadores”, afirmó Kaplan. Para IFT, es interesante esta discusión porque en México la evaluación de un caso de negocio era una práctica común hasta que la autoridad de competencia definió que en mercados dónde exista competencia efectiva “no hay razón para evaluar el plan de negocios” de un operador. Por eso, apuntó que en el diseño de las licitaciones en México la propuesta es dar certeza jurídica, seguridad y promover la competencia. “Tenemos un mandato constitucional que dice que tenemos que entregar esto por medio de licitación pública a fin de garantizar la máxima concurrencia y asegurar el menor precio de los servicios al usuario final. El ganador de la licitación no debe ser elegido meramente por su propuesta económica”, afirmó Fromow. “Tenemos que tener en cuenta todo esto, pero tampoco malvender un bien de la Nación”, afirmó.
La discusión por el precio del espectro se complejiza al evaluar espectro para 5G, especialmente porque será una tecnología que demandará grandes volúmenes de espectro y que, además, no tiene un modelo de negocio claro. “Es importante destacar, igualmente, que no todo el desarrollo 5G se va a dar en espectro licenciado. Habrá un balance entre bandas de uso libre y licenciado, pero hay que ver la viabilidad económica del ecosistema 5G”, señaló el comisionado del IFT. “Tenemos que revisar cuáles serán los casos de uso porque a medida que tengamos los casos de uso podemos empezar a pensar en la variable de caso de negocio y, entonces, ahí recién vamos a ver cuál será el real requerimiento de 5G”, destacó Suárez.
Esto es un gran desafío para Brasil que ya está estudiando cuál será el modelo de negocio de 5G. “Estamos pensando realizar la subasta de 3,5 GHz el año que viene pero primero tenemos que decidir cuál es el modelo de negocio para determinar el precio mínimo”, apuntó Anatel. No es tarea fácil.
