Desierta. Así fue declarada la primera etapa del programa de enajenación que puso en marcha el Ministerio de Hacienda de Colombia para desprenderse del 32,5 por ciento de participación que mantiene en Coltel (Telefónica). La opción de compra ahora pasará al público en general.
El proceso de venta es consecuencia de varios factores. La versión oficial apunta a la idea de que el Estado debe desinvertir en negocios no estratégicos pero también la Ocde recomendó insistentemente —incluso antes de que Colombia sea uno de sus miembros— que no era conveniente que el Estado actúe como juez y parte en el mercado de telecomunicaciones.
En un proceso que inició formalmente hace unos meses, el Estado puso disposición de interesados la totalidad de acciones a un precio de 2.075 pesos por papel (0,68 dólares). Bajo este plan, Colombia espera recaudar unos 2,3 billones de pesos, lo que hoy equivale a unos 760 millones de dólares. El año pasado, el Estado había invertido la mitad de ese monto para la capitalización de la compañía.
El programa de enajenación se aprobó en junio y en él se detalló que la primera etapa, que ahora se declaró desierta, tendría como destinatarios a los trabajadores activos y pensionados de Coltel y de las entidades dónde la compañía tiene participación mayoritaria, las asociaciones de empleados o exempleados de la compañía, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de sindicatos de trabajadores, los fondos de empleados y cajas, entre otros.
Ahora, las 1.100 millones de acciones podrán quedar en manos de cualquier interesado que cumplan con las condiciones detalladas por el vendedor. Esta segunda etapa podría demorar un año a partir de su publicación en el Diario Oficial, aunque el gobierno puede prorrogarlo, suspenderlo o terminarlo antes, indicó el portal El Espectador.
La situación abre un gran interrogante con respuestas parciales. ¿Quién se quedará con el 32,5 por ciento de la operación de Telefónica en Colombia? El comprador lógico podría ser la propia compañía pero la opción fue descartada por sus propios ejecutivos. De hecho, hay analistas que señalan que la empresa no ve con malos ojos la posibilidad de desprenderse de la filial colombiana en su objetivo de reducir la deuda del grupo.
La respuesta negativa al Estado Colombiano en esta primera etapa puede emparentarse con las dificultades que tienen los operadores para vender sus activos en la región. La idea de Telefónica de desprenderse de sus filiales en México y Centroamérica volvieron a sonar fuerte en el último tiempo pero el precio y los requisitos que debe cumplir un eventual comprador aparecen como barreras para que el rumor se transforme en realidad.
También puede mencionarse como parte del listado a AT&T y sus problemas para encontrar un comprados a DirecTV Latinoamérica, idea que ganó fuerza tras la adquisición de Time Warner. En este caso, los motivos de la venta se concentrar en que la empresa no tiene planes de expandirse regionalmente pero sí de explotar su operación en México.
El último caso de éxito en Latinoamérica se encuentra en Brasil, donde recientemente la energética Cemig se desprendió de sus activos en telecomunicaciones, que ahora pasaron a manos de American Tower y Algar Telecom. El pequeño tamaño de la empresa podrían explicar que más de una docena de empresas se hayan mostrado interesadas en la licitación. Esto, claro, no corre para Telefónica en Colombia, operación que generó ingresos por 720 millones de euros entre enero y junio de este año.
