Cada uno de los países de Latinoamérica tiene implementada alguna norma con el objetivo de frenar el robo de celulares. Cuáles son mejores y cómo incorporarlas no sólo depende de la buena voluntad de los operadores sino de un circuito solidario en el que entran fuerzas de seguridad, organismos internacionales y hasta los usuarios. Lo cierto es que, al menos hasta hoy, todas las iniciativas presentadas dieron solución nula o parcial de una problemática que en vez de contraerse parece tender al infinito.
El robo de un dispositivo móvil es solo el primer paso de un ecosistema delictivo que ya pasó de dolor de cabeza a migraña crónica para la región. Es un mal que se fue expandiendo por decisiones insuficientes de las autoridades a cargo y por cuestiones sociales y culturales que hicieron que la necesidad de respuestas ya no pase solo por cuestiones económicas sino también por salvar la vida de los ciudadanos. Esta doble vara ya generó disputas entre operadores y fuerzas de seguridad por quién debe hacerse cargo del tema.
El último paso para encontrar una respuesta lo dieron Perú y Ecuador. Los países firmaron un acuerdo para la implementación del procedimiento de intercambio internacional de información de terminales móviles sustraídos, robados, hurtados, perdidos o recuperados. Esta cooperación se sumara a proyectos propios en cada caso, como el bloqueo de equipos no homologados en Ecuador y la inhabilitación de líneas previamente denunciadas en Perú, país que ya había llegado a un acuerdo similar con Colombia.
El objetivo del acuerdo, dijeron las partes en un comunicado, es “establecer un procedimiento con el fin de reducir el robo y hurto de estos equipos y combatir las organizaciones delictivas dedicadas a su comercialización, promoviendo la cooperación de los países”. El Ministerio de Telecomunicaciones de Ecuador y el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones de Perú (Osiptel) se comprometieron a intercambiar información para que, entre otros puntos, celulares bloqueados en un país no puedan funcionar en redes del otro.
Las alianzas bilaterales son uno de los procedimientos que encontró la región para avanzar en este sentido. Casi todos apuntan a coartar las posibilidades de negocio una vez consumado el robo. Inhabilitación de celulares robados, registros obligatorios de usuarios prepagos, allanamientos a comercios de venta ilegal y hasta bloqueo de señales en centros penitenciarios son algunos de los casos que ya funcionan en esta parte del mundo.
Autoridades de Argentina señalaron recientemente que se ha bajado 20 por ciento el robo de celulares gracias a la incorporación de una serie de medidas desde 2016 pero allí aún se denuncian más de 4.000 casos por día. En tanto, la ley de terminales no funcionó como se esperaba en Guatemala y aún se oyen las quejas de los operadores por tener que ocuparse ellos de bloquear las señales celulares en cárceles de Costa Rica.
Mientras El Salvador se movió en el mismo sentido que Costa Rica al transformar en permanente la norma por la que se bloquean señales en centros penitenciarios Paraguay prefirió ir por una ley para el registro obligatorio de importadores. La norma incluía la homologación obligatoria de equipos que ingresaban al país y recibió críticas de los comerciantes preocupados por “cuánto se tardará en revisar pieza por pieza un embarque de 30.000 celulares”.
A los casos mencionados se suma la firma entre los operadores locales con GSMA en el marco de la campaña Nos Importa. El programa tiene seis objetivos y dos de ellos atañen a esta problemática, apuntando a mejorar la seguridad pública y reducir el robo de dispositivos. Ya forman parte de esta iniciativa países como Argentina, Brasil y Colombia. Todas las propuestas suman pero, al momento, ninguna resultó suficiente.
