De multas y sanciones está repleto el mundo de las telecomunicaciones. De arriba hacia abajo en el mapa, a chicos y grandes, a nuevos y viejos. Alguno podrá decir que es uno de los pocos factores que afecta a todos los tipos de actores por igual. Sin embargo, su aplicación parece no hacer mella en la actuación de los operadores, que a veces se quejan y otras la aceptan sin más, casi como un mal necesario.
“Trabaja en impedir delitos para no necesitar castigos”. La frase que está en el inconsciente colectivo para calar perfecto en esto de las multas aplicadas a los que actúan en el sector. Quizás porque en algún traspaso de fórmula se haya roto la métrica que une a una acción con su castigo o tal vez porque solo sirven aquellos casos en donde la exageración le gane a un análisis terrenal.
Hace unas semanas TeleSemana.com publicó una nota en la que se hacía referencia a una diferencia de casi 10 años entre lo sucedido y su consecuencia en el mercado brasileño. El caso fue el de TIM, que debe pagar unos 13,5 millones de dólares por fallas en la provisión de servicios para prepagos en 2009. Tendrá que abonarlo siempre que no sea considerado el reclamo que prepara y que promete correr un poco más los tiempos.
Ayer, 20 de noviembre, en tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) publicó la sanción definitiva que correrá para Claro por una práctica ilegítima que desempeño entre agosto de 2015 y mayo de 2016. La compañía deberá resarcir a los usuarios que hicieron recargas con la expectativa de recibir el incentivo de chat de WhatsApp gratis sin estar debidamente informados sobre las restricciones que corrían para la promoción.
Deberá dar 200 MB para cada uno de los 1,3 millones de afectados, con vigencia de un mes sin restricciones de acceso. “Ésta compensación se configura en la de más alto impacto que se ha presentado por cuenta de una investigación administrativo, debido al número de usuarios y consolidado de megabytes a entregar”, agregó la entidad en un comunicado.
Claro ya debió pagar por el caso una multa de 10.000 millones de pesos (3,1 millones de dólares) y en la misma resolución, emitida en 2017, fue instada a presentar un plan de compensación de los usuarios destinatarios de las piezas publicitarias engañosas. El plan del operador no convenció a las autoridades y fue redefinido por este otro al que no procede recurso alguno.
Una sanción sin precedentes a un número de usuarios o cantidad de datos del que no se tiene registro podría asustar a algún desprevenido. Sin embargo, Claro contestó a La República que “como empresa que cumple la ley procederá a cumplir con la compensación en los términos que señala la autoridad”. El líder del mercado local parece no haber sentido el impacto de una bala que, como el resto, parece más de salva que de plata para terminar con estas prácticas.
