El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) incorporó disposiciones anticorrupción a la norma que rige para los contratos de concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. La adaptación considera recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La Resolución Ministerial 915-2018/01.03 apunta a “mejorar la transparencia y las buenas prácticas en el sector”. Regirá para todos los contratos que se celebren a partir del 24 de noviembre. Para casos anteriores a esa fecha, los interesados podrán solicitar la adenda de sus vínculos para incorporar las nuevas cláusulas.
Las nuevas cláusulas generan que, por un lado, las partes deben declarar no haber incurrido en actos de corrupción al suscribir un contrato. Esto atañe a la empresa concesionaria y sus socios, directores, funcionarios, representantes legales, empleados, asesores, agentes, empresas vinculadas o cualquier otra persona por encargo o interés de ella.
Por otra parte, implica cambios en la consecuencia jurídica ante un caso de corrupción: la casación del contrato. Esto podrá aplicarse siempre que haya una resolución judicial que compruebe el hecho. “Antes de esta disposición no quedaba expresamente regulado que el contrato podría resolverse; pero ahora, si se incurre en un acto de corrupción comprobado y sancionado, sí”, señaló la cartera a TeleSemana.com.
En Perú la corrupción es vista como el principal problema para los ciudadanos locales, incluso por encima de la seguridad y la educación, según una encuesta de El Comercio-Ipsos. Esto después de que en marzo su por entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski abandonara el cargo tras presuntos videos de sus funcionarios negociando votos en contra de su segundo proceso de vacancia por “incapacidad moral”.
Por esas supuestas grabaciones la justicia abrió una investigación sobre Bruno Griuffra, que hasta la última semana de marzo se desempeñó como ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú. Griuffra, quien había reemplazado en el puesto al ahora presidente Martín Vizcarra, dejó el cargo en manos de Edmer Trujillo Mori, cuya firma aparece al cierre de la nueva resolución ministerial.
La palabra corrupción ha aparecido escrita en distintas crónicas del mundo de las telecomunicaciones. Se recuerda con frecuencia el caso que inició en 2001 por la concesión bajo soborno de un proyecto del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) a la entonces Alcatel CIT. Más cerca en el tiempo, en 2017, Telefónica anunció abriría investigaciones internas en algunas de sus filiales por posibles infracciones a leyes de este tipo.
En tanto, ésta semana el medio salvadoreño La Página dio a conocer que Claro Guatemala entregó en 2011 unos 15 millones de quetzales (1,92 millones de dólares) al Partido Patriota para ser favorecido ante la crisis comercial que atravesaba con Tigo. La operación fue admitida por el entonces gerente de la multinacional, Julio Carlos Porras. Ahora Perú tomó la posta para limpiar malas prácticas y, de paso, su imagen.
