La semana inició con murmullo en Perú luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializara lo que ya había dejado entrever el regulador. El organismo optó por “no renovar dos contratos de concesión de titularidad de Telefónica del Perú suscritos en 1994”. La empresa se amparó en diferencias de criterios en la metodología utilizada para mostrarse enfáticamente en desacuerdo con la decisión.
La empresa solicitó la cuarta y última posible extensión de su concesión para los servicios de telefonía fija local y portador de larga distancia internacional en 2013. En los tres casos anteriores su pedido tuvo respuesta positiva: por cinco años la primera vez, por cuatro años y dos meses la segunda y por cuatro años y tres meses la tercera. En todas las oportunidades la empresa había solicitado extender por un lustro más dichas concesiones.
En la última oportunidad Telefónica pidió renovación para el período 2027-2032. El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) emitió opinión negativa pero en carácter no vinculante y la decisión quedó en manos del ministerio sectorial. La empresa y terceros interesados emitieron comentarios en una audiencia pública en la que ya hubo fuego cruzado entre las partes.
La empresa “excedió el límite de 80 por ciento de incumplimiento a la normativa sectorial y las leyes del Perú en el período de evaluación, por lo que no procede otorgarle plazo adicional alguno”, resolvió el MTC. Agregó, en declaraciones tomadas por Gestión, que Telefónica registró 1.362 sanciones firmes entre el primero de enero de 2009 y el 27 de junio de 2014, de las cuales 777 fueron contra la normativa sectorial y 585 contra leyes del Perú.
La viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, añadió que la metodología usada en este caso es la misma que se utilizó para resolver la tercera renovación, así como en la renovación total de Telefónica Móviles, Telefónica Multimedia y de otras empresas. “Ninguna de ellas fue impugnada ni tampoco la metodología cuestionada. No obstante, la empresa está en su derecho a reclamar”, dijo.
La decisión no traerá cambios sustanciales al mercado. La compañía tiene otras 17 concesiones y alguna de ellas le permite mantener operativos los dos servicios que atañen a este caso. Si así no fuera, la continuidad estaría asegurada por la regulación vigente según la cual debe brindar el servicio por un plazo máximo de tres años después de concluida su última renovación.
Aunque según pudo averiguar TeleSemana no está entre las opciones más valoradas por la empresa el recurrir la decisión del MTC, hubo una frase en su descargo que abrió una página aparte en el caso: “este pronunciamiento tiene implicancias más allá de los contratos materia de renovación y Telefónica: la falta de predictibilidad puede afectar al clima que busca atraer las inversiones para reducir la brecha de infraestructura”.
La empresa no está sola en el pedido y recibió inmediatamente el respaldo de sus pares. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por la “señal negativa para un buen clima de inversiones”. Añadió que según un estudio de 2014 la incertidumbre en procesos de renovación de licencias pueden llevar a los operadores a reducir sus inversiones hasta un 67 por ciento.
El concepto de seguridad jurídica, que ya había tocado las puertas de las telecomunicaciones este año en la disputa por espectro entre los operadores y el regulador chileno, volvió en la boca de los prestadores peruanos. El MTC dice tener suficientes para defender su posición y Telefónica se queja de que no se consideró su aporte a las telecomunicaciones. El caso promete fuego interno y esquirlas fuera de Perú.
