Las penas pecuniarias a las empresas de telecomunicaciones no han sido motivo suficiente para romper las quejas de los usuarios. Quizás el problema está en los montos, tal vez en la cantidad de instancias que tienen los involucrados para apelar. Las pruebas presentadas parecen insuficientes para defender que las multas han tenido consecuencias positivas directas en el sector.
Las telecomunicaciones aparecen en el podio de reclamos de los consumidores en casi cualquier mercado que se tome como referencia en la región. A su lado está el transporte y los servicios financieros. Las multas que se aplicaron hasta ahora no han servido para sacar al segmento de tan poco prestigioso ranking.
A la cantidad de años que pasa entre la acción considerada fuera de la norma vigente y su sanción por parte de la autoridad a cargo se agrega el descargo de las empresas, que suma días a un calendario que a veces no tiene fin. Es que hay ocasiones en que el denunciado tiene más recursos para preparar la defensa que los que tienen los propios organismos a cargo de las sanciones, se escuchó en el detrás de escena de algún evento.
Y, a esta lista, se suma también los cambios en los montos de multas, muchas veces a favor de los operadores. El último de los casos que se han reportado marca que el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) modificó algunas multas impuestas a Telefónica del Perú. La empresa deberá pagar 1,69 millones de soles (499.900 dólares) frente a los 2,29 millones de soles (667.000 dólares) previstos inicialmente por fallas en la provisión de información, errores en la verificación de identidad en prepagos y otros.
La sanción responde a cinco sanciones iniciales, indicó el periódico local Gestión. Una de ellas fue revocada, dos modificadas a favor de la empresa y otras dos se mantuvieron sin cambios. Con este antecedente, que no es el primero, ya se puede hablar de largos plazos, cantidad de quejas y multas que se reducen a favor de las empresas como forma de defender el argumento de que las sanciones no parecen ser el camino que conducen a eliminar ciertas prácticas de la industria de telecomunicaciones.
Los defensores de las multas podrán decir, sin faltar a la verdad, que de algo deben servir: para demostrar a los operadores que se los está vigilando, para que los usuarios vean que sus quejas terminan en algo y, en casos, para devolverle a ellos lo que le corresponde por las fallas en las que incurrieron sus proveedores. Aunque, en este sentido, las multas son válidas pero insuficientes.
