Mobile 360 Latinoamérica - Una oportunidad para cambiar. Ese fue el mensaje de Michael O’Hara, el director de Marketing de GSMA sobre la oportunidad de América Latina de avanzar en políticas que incentiven el desarrollo de la economía digital en la región. Es que la organización de operadores móviles espera que las elecciones presidenciales — son 14 los países que cambiaron o cambiarán presidente próximamente— permitan avanzar sobre la modificación de marcos regulatorios que atañen al sector. Así como sucedió en Colombia, la industria espera que un cambio de administración termine de impulsar marcos regulatorios que, finalmente, piensen a largo plazo y no únicamente en los próximos cuatro o seis años de gobierno.En conferencia de prensa, Sebastián Cabello, director de GSMA Latinoamérica, apuntó que la industria necesita de leyes que regulen al sector aunque destacó que éstas “no deben ser muy detalladas”. “Las leyes deberían ser generales, no deberían nombrar tecnologías ni topes de espectro”, aseveró en relación a ciertas políticas que otrora tuvieron los países latinoamericanos.La demanda de la industria es previsibilidad, reducción de impuestos, políticas pensadas para el mundo digital y la asignación de espectro para mejorar la conectividad. Pero en materia legislativa, prefieren una norma más general y flexible, y hasta se dijo “modular”, como si se tratara de un sistema de software.No es la primera (ni la última) vez que se pide por flexibilidad en la regulación. Pero es que el concepto, en el que todos parecen acordar, es mucho más dificil de implementar que de decir. Excepto en el caso de Colombia, dónde la industria parece confiada en la nueva legislación que se impulsa en el Congreso, los reguladores han fallado en crear normas suficientemente generales y con consenso. La imposibilidad de sancionar una ley corta de Argentina, que apareció como un intento de salvar la situación frente a una ley más amplia que nunca vio la luz, es solo un ejemplo de cómo se ha fallado en crear marcos generales para el sector. Mientras que algunos países prefirieron regirse con normas de los años 90, otros, como el caso de Argentina, fueron 'emparchando' su marco regulatorio con una serie de decretos de necesidad y urgencia.En concreto, los operadores esperan leyes amplias “que no tengan que cambiarse cada vez que asume una nueva administración”. “Es siempre un desafío, particularmente en Latinoamérica donde hay regímenes muy personalistas”, añadió Cabello. Y la solución que encuentran, por ahora, es un trabajo de la GSMA en conjunto con los equipos de los candidatos presidenciales sobre los temas de la economía digital.Es que la principal organización que agrupa a los operadores móviles espera que los gobiernos le den el empujón que necesitan para sostener los márgenes de ganancia y convertirse en la plataforma que habilite la economía digital.“Se debe pensar en el sector como un facilitador del desarrollo de la región”, afirmaba Karim Lesina, SVP de International External & Regulatory Affairs de AT&T. De hecho, el último informe de Economía Móvil de GSMA, presentado en el marco del Mobile 360, indicó que el aporte directo del ecosistema móvil latinoamericano fue casi 70.000 millones de dólares o un 1,2 por ciento del PBI. En tanto, el aporte total -que considera el efecto derrame en la economía- sube hasta 280.000 millones de dólares anuales o, lo que significa el cinco por ciento del PBI regional.En materia de regulación, coinciden, todavía queda mucho por hacer. “El principal problema es la inconsistencia entre el relato y la realidad de lo que estamos haciendo en nuestros países” comentaba sin ponerse colorado José Juan Haro, director de Asuntos Regulatorios de Telefónica Latinoamérica. Y ponía como ejemplo el espectro, que si bien se suele destacar como un elemento importante para fomentar la conectividad, en las licitaciones que se realizan en la región suelen tener un propósito recaudatorio.“Hay que revisar cómo se compatibiliza el deseo de los reguladores con la necesidad de uso espectral de costo razonable que tienen los operadores”, remarcaba Manuel Araya, de Entel Chile. Precisamente, en ese país el problema no es el de costo —en Chile entregaron espectro mediante un concurso de belleza aunque eso podría cambiar— sino la seguridad jurídica, otro de los puntos señalados por José Juan Haro en los que la región debería trabajar. “Desconocimiento de los contratos y de las licencias es un problema de seguridad jurídica que nos preocupa”, destacaba Haro. Es que Telefónica sufrió reveses en Colombia, dónde tuvo que pagar montos millonarios por reversión de activos, en Chile, en dónde se mantiene una disputa por la licitación de espectro en 700 MHz y en Perú, en dónde el Ministerio decidió no renovarle por última vez las concesiones para brindar servicios de telefonía fija. “Se ha vuelto una moda que no tengamos seguridad jurídica”, concluyó.Para Karim Lesina, otro problema de la industria es que no hay una armonización de la regulación a nivel latinoamericano, como sí existe en la Unión Europea. En este sentido, llamó a los reguladores a trabajar en el marco de organismos como CITEL y Regulatel para atender la necesidad de armonización. Pero no todos coinciden con esta visión. Desde el regulador de Uruguay, Ursec, Nicolas Cendoya cuestionó si la coordinación de la política regulatoria debería ser un fin para la región. 'Las realidades de Colombia o Brasil tienen muchas diferencias con mercados como el uruguayo', planteaba.Siguiendo las palabras de José Juan Haro, en la industria todos parecen coincidir en los objetivos. En lo que no hay coincidencia, todavía, es en la receta para alcanzarlos.