América Móvil avisó a sus accionistas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) multó a su subsidiaria Telmex. Le impuso una sanción de 2.543 millones de pesos (127,3 millones de dólares) por un caso de 2013 y 2014. Durante esos años la empresa incumplió ciertas metas mínimas de calidad de servicios que regían por orden de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones.
El tiempo que ha transcurrido entre el hecho y sus consecuencias revive la idea de que las multas han sido un arma poco efectiva al menos en esta parte del mundo. Esta teoría tiene varios fundamentos, pero el principal es que no está probado que un aumento en el número o monto de las sanciones tenga consecuencias positivas en la forma de actuar de los operadores. Sin ir más lejos, las telecomunicaciones se mantienen como líder absoluto de las quejas de los consumidores junto con rubros como los bancos o los medios de transporte.
El caso particular de Telmex tiene algunas pistas que permiten entender que no se trata de una excepción a la regla. En primer lugar, los parámetros que regían en ese momento y que hicieron de la práctica de Telmex una infracción son los que delineó un organismo que ya no se existe. La decisión del IFT llega más de cinco años después, con los cambios de la reforma ya corriendo y con una realidad distinta a la que se presentaba en el momento en que el operador incumplió las normas vigentes.
Como si lo anterior fuera poco, hay algo más. “América Móvil y Telmex no comparten el procedimiento ni la resolución emitida por el IFT y harán valer todos los medios legales a su alcance en contra de la misma”. El punto final se convierte en puntos suspensivos para el caso que quedará frenado en la justicia por quién sabe cuánto tiempo. Quizás se tenga una resolución en algunos meses, tal vez cuando la región haya consolidado 5G o después de que el operador líder de México haya conseguido dar TV paga. Nunca es también una posibilidad.
