Dicen que es mejor no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. La frase resulta clave para normas que rigen en un mercado tan dinámico como las telecomunicaciones. Sin embargo, no parece servir de brújula para buena parte de los reguladores que ven en la postergación un recurso habitual a la hora de bloquear líneas y teléfonos que no cumplen con las reglas vigentes.
Al menos tres casos recientes sirven para hablar de un patrón en esta parte del mundo. En septiembre pasado, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) tenía decidido bloquear teléfonos con IMEI inválidos. Su plan se ejecutaría el día 19 de ese mes pero 24 horas antes el Ministerio del Interior envió un oficio pidiendo cambios en el cronograma por posibles prejuicios a usuarios que adquirieron equipos sin saber que no eran legítimos. El regulador aceptó la solicitud y dividió el proceso en cuatro etapas.
La segunda situación tuvo lugar en Argentina, en octubre. El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) puso al 19 de ese mes como fecha límite para que los usuarios de líneas prepagas las registren a su nombre. Quizás fue porque a una semana del plazo apenas se había registrado el 60 por ciento de la base o tal vez porque los operadores habían indicado no tener suficiente capacidad de procesos de validación por día. Por lo que sea, el plazo se corrió al 31 de octubre.
El tercer caso es el más reciente. La Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) amplió el plazo de bloqueo de equipos móviles que surge de la Normativa Multibanda/SAE en Chile que tiene por objetivo que todos los dispositivos se encuentren homologados para funcionar en el país y que, a la vez, los usuarios conozcan la compatibilidad de los equipos con las distintas tecnologías. También pretende que cada uno de los usuarios locales tenga un teléfono apto para recibir mensajes de alerta ante eventuales desastres naturales. El bloqueo iba a efectuarse desde la primera semana de enero y ahora se hará a partir de marzo.
Resulta complejo saber a ciencia cierta qué lleva a las autoridades a modificar los calendarios de ejecución. La alternativa de que lo hacen para atender las inquietudes de otras partes interesadas o para no perjudicar a los usuarios que actuaron de buena fe es la más optimista. Cronogramas mal hechos como producto de una estrategia defectuosa es la otra opción. Incluso, podría pensarse en que lo hacen adrede, quizás como forma de amedrentar a los implicados para luego dejarles en claro de que “esta vez va en serio”. O, tal vez, como un recurso para decir que ellos lo intentaron pero cuestiones coyunturales frenaron sus intenciones de cumplir el cronograma.
Las leyes relacionadas al bloqueo de teléfonos dependen de quienes las dictan, de operadores dispuestos a cumplirlas en tiempo y forma y de usuarios con la voluntad suficiente para registrarse cuando deben y no cuando les parezca conveniente. También, como en otros casos, de una comunicación adecuada o campañas de notificación que hasta ahora no dieron sus frutos. El desafortunado combo de errores da como resultado que en Latinoamérica las fechas de ejecución de un proyecto estén escritas con lápiz para que sea más fácil modificarlas.
