El robo de celulares crece en Latinoamérica. Las políticas públicas tomadas hasta el momento no alcanzaron para frenar los delitos asociados a móviles. Algunos países celebran algunos datos puntuales que, dicen, los invitan a ser optimistas pero la realidad es que nada de lo hecho hasta el momento funcionó como se esperaba. Las distintas experiencias y un contexto socioeconómico que lejos de mejorar es aún peor que años anteriores obligan a ser pesimistas en que Latinoamérica logre avances en el corto plazo.
La información oficial no siempre permite ser certeros a la hora de dimensionar el problema. Algunos dicen que la mitad de los robos de teléfonos no se denuncia y otros hasta hablan de que hay subreporte de hechos por parte de las autoridades para que las zonas que están bajo su responsabilidad presenten mejores números.
Los pasos que dio la región respecto a delitos asociados al teléfono —lista en la que entra robo, compra/venta de equipos ilegales y llamadas extorsivas—, fueron pequeños y muy debatidos. Incluso los operadores pusieron el grito en el cielo cuando el gobierno de Costa Rica los instó a ocuparse del bloqueo de señales en centros penitenciarios del país. El problema parece ser determinar de quién es la responsabilidad.
Ni la Ley de Terminales Móviles de Guatemala ni la inhabilitación de líneas previamente denunciadas en Perú ni los cambios en el registro obligatorio de importadores en Paraguay fueron suficientes, al menos por ahora, para frenar los delitos. Sí generaron cambios parciales, pequeñas victorias en lo que todavía parece ser una batalla perdida. Alguno podrá decir que el problema escapa al sector. Eso es tan cierto como que la industria intentó frenar el flagelo con medidas con resultados cuestionables.
Los nuevos datos llegan desde Argentina. Allí el 31 de octubre pasado venció el plazo para que los usuarios registren las líneas prepago. Al proceso se lo llamó nominatividad y se constituyó como la tercera etapa de una estrategia local presentada para desincentivar el robo de celulares. El plan integral incluyó recuperaron teléfonos sustraídos, inspecciones en galerías comerciales y controles en la vía pública.
“El celular es el elemento más robado en Argentina”, dijo por entonces la ministra Patricia Bullrich en una charla en la que deslizó que la negociación con los operadores para poner en marcha la nominatividad tomó su tiempo. Es que quizás, esto no lo dijo la autoridad, dar de baja líneas no es prioritario para las empresas del sector, que bastante tienen con la competencia y la preparación para 5G como para ocuparse también de esto.
Con las medidas previas a la nominatividad, el robo de celulares en Argentina bajo el 20 por ciento entre 2016 y 2017. Sin embargo, todavía se registran allí unos 4.000 casos por día. En este contexto, la nueva medida solo servirá para hacer caer un poco más la cifra o saber quién es el titular de la línea desde la que se hizo una llamada extorsiva. Cualquier logro adicional será sorpresa.
Para lo que no hay dudas que sirvió el registro obligatorio es para conocer la verdadera dimensión del mercado móvil argentino. Ya se registró el 97,6 por ciento de los prepagos, dijo a Infobae el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra. Esto quiere decir que Argentina tiene, según registros del regulador, al menos 59,1 millones de líneas en funcionamiento. El 2,4 por ciento que queda puede incluso aumentar la cifra por lo que hoy se habla de una penetración celular de 132 por ciento.
Ese 132 por ciento de penetración celular es mucho mayor al 106 por ciento que presenta en promedio Latinoamérica. En noviembre pasado, solo se había registrado el 60 por ciento de las líneas prepago, lo que hacía suponer que dentro del 40 por ciento restante había líneas en desuso que terminaría por reducir el número total. Sin embargo, la cifra trepó a 70 por ciento un mes después y a 84 por ciento al cierre de 2018, lo que desechó dudas y reubicó a Argentina cerca de la cima del ranking de penetración en la región.
