La Dirección General de Aduanas de República Dominicana (DGA) dispuso modificar la ley vigente para que el impuesto por importación de equipos celulares pase del tres al ocho por ciento. Desde la entidad señalaron que la decisión responde a necesidades recaudatorias pero para los operadores es una decisión equivocada.
La ley es la 146/2000, por la que se aprobó el Arancel de Aduanas. Hace 19 años se dispuso un arancel impositivo para equipos móviles de 20 por ciento. En 2005 se modificó a tres por ciento y ahora hubo una nueva revisión. En primera instancia iba a volver a ser el 20 por ciento pero “se ponderó la utilidad y servicio de estos dispositivos” para que el cambio aplicado sea, finalmente, hasta el ocho por ciento.
El cambio tiene fines estrictamente recaudatorios, admitió a TeleSemana.com una fuente de la DGA. Indicó que la entidad tiene que aumentar casi un 20 por ciento su recaudación este año y se tomaron algunas acciones para alcanzar ese porcentaje. Agregó que no se trata de un aumento, sí de un ajuste que se creyó necesario aplicar tras debates internos.
Altice Dominicana y Claro alzaron la voz en conjunto para posicionarse en contra de la decisión. Consideraron que afecta de manera directa al consumidor final, agregando un alto cargo adicional que restringe la posibilidad de adquirir los equipos. La tildaron de contraproducente con los objetivos del desarrollo y crecimiento del proyecto República Digital y también de promover la nociva práctica de contrabando.
“Somos el segundo país de la región y el sexto país mundo con mayor carga impositiva, de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). En República Dominicana, el sector paga un 30 por ciento de impuestos: 18 por ciento por Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), 10 por ciento por Impuesto Selectivo al Consumo y dos por ciento para el Desarrollo de las Telecomunicaciones”, añadieron en declaraciones tomadas por El Caribe.
Lo expuesto por los jugadores locales está estrictamente relacionado con el pedido de distintas asociaciones, entre ellas Asiet y GSMA, que piden de forma constante la reducción de gravámenes como medida para promover el acceso. En distintas cartas a presidenciables y estudios enfatizaron que las tasas impositivas son barreras para las metas de conectividad en los distintos países y que afectan con mayor énfasis a los sectores sociales más vulnerables. La sugerencia es bajarlas al mínimo indispensable, por el contrario de lo que sucedió en este caso.
Internet Society emitió un comunicado la semana pasada, cuando todavía la idea era de reestablecer el valor impositivo a 20 por ciento, en el que mostró su descontento ante la inminente noticia. “La acción tendrá impacto negativo, pues impedirá el acceso a la información, a servicios públicos, a la educación y otros derechos establecidos por la Constitución Nacional”, dijo el organismo y añadió que “el celular no es un instrumento de lujo” para luego hacer hincapié en que la decisión afecta directamente los objetivos del país en materia de conectividad.
Desde DGA valoraron de “lógica” la respuesta de los operadores dominicanos y consideraron que la decisión “no afectará al usuario final”. Esta respuesta no empatiza con la de una industria que incluso sugería eliminar el tres por ciento que aplicaba hasta hace unos días. Internet Society no escondió su enojo y pidió “coherencia” en el marco normativo para achicar la brecha digital. Los gritos previos sirvieron para reducir lo que a todas luces parece una condena para los usuarios dominicanos.
