“Hemos decidido que va a utilizarse esa línea para conectar al país completo con Internet” señalaba en diciembre el presidente de México, López Obrador. La línea era la red de fibra óptica de 26.000 kilómetros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuya licitación para la Red Troncal había sido suspendida y que el mandatario acaba de retomar con un apurado borrador de bases que, seguramente, deberá enfrentar una serie de modificaciones antes de que pueda ser puesto en marcha.
En las bases se recuerdan algunas frases de López Obrador como si el actual presidente hubiera sido el creador del proyecto, en vez de haber retomado una iniciativa de la anterior administración —y que es parte de la Reforma en Telecomunicaciones—. Incluso, se permite criticar a la Reforma Constitucional por no haber contemplado o, en realidad, como él mismo dice “no haber resuelto” el problema de la conectividad —el proyecto México Conectado debió ser reducido por falta de presupuesto—. Quizás eso sí sea cierto: México tiene todavía grandes desafíos en materia de conectividad y, de acuerdo con cifras de López Obrador, sólo el 25 por ciento del territorio está conectado.
Lo que sí podemos decir del proyecto de López Obrador es que ha logrado cambiar el enfoque a la Red Troncal para convertirlo en una iniciativa mucho más ambiciosa. Ya no sólo se trata de una red troncal, sino que se trata también de crear una red red de acceso con fines sociales.
López Obrador parece querer extender la red de la CFE a 50.000 kilómetros y lo enlaza con otro proyecto que parece ser a bandera de su administración en temas de conectividad: Internet para Todos. Esta iniciativa que viene a reemplazar a la anterior México Conectado, tiene como objetivo mejorar los servicios de conectividad en sitios públicos. Y, para ello, espera aprovechar los hilos de fibra óptica oscura de la CFE.
La idea de López Obrador se distingue de la anterior licitación de Red Troncal que tenía un enfoque más mayorista y menos ambicioso que el actual. Además, tenía la participación de Telecomunicaciones de México (Telecomm) cuyo nombre parece haber desaparecido del borrador publicado esta semana por la CFE.
A diferencia del anterior proyecto anterior de Ley Troncal, las prebases lanzadas por la nueva administración buscan unir esta iniciativa con Internet para Todos y, de esta forma, exige la oferta de servicios de Internet a más de 8.500 escuelas, hospitales, parques públicos, edificios federales, entre otros, de forma gratuita, permitiéndole “utilizar la capacidad excedente para otorgar servicios de telecomunicaciones a terceros a su cuenta y costo con la infraestructura instalada y conforme a su estrategia comercial”. El ganador de la licitación deberá, además, desplegar casi 3.000 puntos de presencia en localidades de México.
El contrato tendrá una vigencia de 20 años a partir de su firma y será prorrogable hasta en dos ocasiones por periodos de hasta cinco años. Eso sí, el ganador deberá conectar los cerca de 8.535 puntos prioritarios en un plazo de seis meses. Se le da, en tanto, dos años para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en el 70 por ciento de la totalidad de sitios enlistados en el proyecto y otro año más para hacerlo en el 100 por ciento. Las metas son, a simple vista, más que ambiciosas.
Para cumplir estas metas, México busca empresas o consorcios con ingresos anuales de 1.200 millones de pesos (61,6 millones de dólares) y un capital mínimo de 3.000 millones de pesos (154,1 millones de dólares). El objetivo es, en principio, que puedan acceder empresas internacionales. México no cuenta con una compañía estatal, ¿se interesarán otras empresas por un proyecto con un tinte más social?
