Como si no tuvieran motivos suficientes para estar preocupados, los operadores de la región también deben mantenerse alerta ante los reiterados casos de robo o vandalismo en la infraestructura de servicios de telecomunicaciones.
El pedido de los proveedores se repite: trabajar con las autoridades para enfrentar a quienes causan pérdidas millonarias por robo y, en paralelo, generar conciencia a la comunidad para intentar evitar casos de vandalismo que escapan de cualquier lógica y, por ello, se presentan como un callejón sin soluciones a la vista. Expertos de seguridad citados por Tigo aseguran que el problema radica en que ya no son casos aislados sino que se trata de estructuras delictivas que utilizan técnicas y equipos especializados.
La filial colombiana de Millicom ayuda a dimensionar la problemática. En 2018 la empresa registró 3.789 hurtos a su infraestructura fija y móvil. Esto significa que hubo más de 10 casos por día o uno cada 138 minutos. Para solucionarlos, la empresa desembolsó 9.000 millones de pesos colombianos, casi tres millones de dólares. La cifra es el 0,2 por ciento de los ingresos locales percibidos en el año.
La cuestión económica es solo una pequeña parte de una situación compleja. Para solucionar las afectaciones se requiere personal capacitado y, por lo general, entre 24 y 48 horas en las que los clientes se ven seriamente afectados. Los usuarios de Tigo que perdieron parcial o totalmente el servicio como producto de hechos delictivos fueron 282.724 solo en 2018. La cifra fue presentadas por el operador en un comunicado oficial.
Si alguien preguntara si esto ocurre solo en Colombia la respuesta apropiada es que no. La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de México identificó a mediados del año pasado algunos de los delitos que afectan la prestación de servicios y robo de infraestructura se ubicaba en el podio, junto con la sustracción de equipos y piratería. En el primer cuatrimestre de 2018, Telmex registró 3.806 hurtos de cableado, la mitad que en todo 2017, señaló El Financiero. Allí, como en Colombia, el operador pidió cooperación de las fuerzas policiales para encontrar soluciones.
Otro que habitualmente recurre a los medios para hablar del tema es Movistar en Venezuela. Esa compañía responsabiliza a los delitos de la mitad de los cortes de servicio que afectan a los usuarios. En 2016, por ejemplo, señaló que gastó para solucionarlos unos 4,5 millones de dólares. La filial de Telefónica en Perú, en tanto, registró un aumento significativo en el robo de cables telefónicos que hizo que entre el primer semestre de 2017 e igual período posterior se triplique el número de usuarios propios afectados hasta 350.000.
También se ha referido al tema la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), en Ecuador, y habitualmente reporta restauración del servicio ante vandalismo la estatal venezolana Cantv. Estos dos casos sirven para mostrar que la cuestión afecta a operadores tanto privados como públicos y que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente en cada mercado que se analice. Solucionar el problema aparece en agenda pero el capítulo de acciones concretas y efectos positivos todavía permanece en blanco.
