El bloqueo de terminales inválidas es un tema de habitual debate en la región y el caso de Perú reactivó su análisis. Luego de algunos meses, el regulador local decidió volver a poner en marcha el bloqueo y al menos dos entidades se pronunciaron en contra: creen que afectará directamente a usuarios de telecomunicaciones con menos recursos.
Perú cuenta con distintas estrategias para frenar los delitos asociados con telefonía móvil. Una de ellas es el bloqueo de equipos móviles robados, hurtados o perdidos ante la denuncia de su titular. Esto aplica hace un tiempo y se mantuvo vigente durante la discusión y posterior aprobación del nuevo reglamento del Registro Nacional de Equipos Terminales para la Seguridad.
Otra iniciativa, que funciona en paralelo pero con estrecha relación a la anterior, es el bloqueo de IMEI inválidos. Las autoridades interrumpieron la aplicación de este proceso durante la discusión del nuevo reglamento. Una vez aprobado, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) anunció su reactivación con su cronograma correspondiente.
El calendario marca cuatro etapas entre abril y julio. En total se bloquearán 5,4 millones de equipos identificados como inválidos. La cifra es mayor que los 3,5 millones anunciados unas semanas atrás. El cambio responde a que “en febrero se hizo un nuevo diagnóstico”, explicó el regulador a TeleSemana.com. Estos se sumarán a otros 1,2 millones de equipos bloqueados antes del parate.
El tema ocupa a las autoridades hace rato. Ya hace unos meses el Ministerio del Interior pidió cambiar el cronograma previsto de bloqueo de IMEI inválidos para evitar perjudicar a usuarios que habían adquirido los equipos de buena fe. Las aguas se calmaron un poco en medio de la discusión del nuevo reglamento, en el que se detalla con más precisión los pasos necesarios para el bloqueo de equipos en Perú.
En el país hay una lista negra, conformada por equipos robados o inválidos, y una blanca en la que se detallan los abonados del servicio celular, equipos móviles usados y terminales importados legalmente, indicó El Comercio. Cualquier terminal que sea parte de la lista negra o que no sea parte de la blanca fue o será bloqueada, previo mensaje de texto de advertencia a su titular.
A ocho días de la reanudación del bloqueo, hay preocupados por el plan a ejecutar. GSMA alerta que “existe también la problemática de los dispositivos falsificados y sub-estándar: cerca del 20 por ciento de los teléfonos móviles del mundo son de este tipo y Perú no es la excepción” y pide revisar el cronograma planteado para lograr “una transición progresiva con mínimo impacto”.
Para el organismo internacional la imposibilidad de ser precisos sobre si se trata de una terminal adulterada, falsificada o sub-estándar genera que la decisión puede “afectar negativamente a los usuarios, tanto a aquellos con terminales adulteradas como a quienes adquirieron equipos falsificados o de baja calidad de buena fe y cumpliendo todas las normativas legales”.
Además, considera que no debería perderse que los clientes con menores recursos económicos serán probablemente los más damnificados porque no le será sencillo adquirir un nuevo terminal para seguir comunicándose. De hecho, añade, la asequibilidad es la causa más probable por la que han adquirido un equipo en esas condiciones.
Con palabras parecidas defiende igual postura la Asociación de Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), que también habla de la posibilidad de perjudicar a usuarios que actuaron de buena fe. “La información para justificar el bloqueo es inexacta y podría perjudicar al 13 por ciento de los usuarios móviles del país”. En su defensa pone énfasis en abonados y no en terminales, lo que podría hacer que sus cálculos no sean perfectos.
Quedará en manos del tiempo dar la razón a unos u otros. Lo cierto es que hasta ahora los delitos asociados a móviles se mantienen en el listado de problemas más complejos para la industria. Buscar soluciones es parte de las buenas prácticas pero no parece suficiente para ser optimista. “Los pioneros en la implementación de este tipo de medidas, como Colombia, están evaluando la simplificación de la normativa por no haber obtenido los resultados esperados”, concluyó GSMA.
