La relación entre Azteca y Perú no goza de buena salud. La sonrisa en la cara del acuerdo que firmaron para la implementación de un tendido de 13.500 kilómetros de fibra óptica se convirtió en enojos cuando los fallos en la estrategia y en las proyecciones dieron como resultado una red subutilizada que trajo dolores de cabeza a las dos partes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de ese país ahora apuesta a tener una respuesta definitiva para el tercer trimestre.
La demanda de capacidad de transporte estimada antes para junio de 2018 fue de 137 Gbps pero los registros de esa fecha solo marcaban 21 Gbps, en la etapa de diseño no se contempló la superposición de las redes de otras empresas ni la aparición de 4G y la adopción de Internet móvil. Otro punto débil fue la decisión de una tarifa única por mega transportado, que resultó alta frente a la propuesta de otras empresas que ahora ofrecen servicios diferenciados y adaptados a las necesidades de sus clientes.
El tema pasó de gris a oscuro cuando tras una larga revisión Perú propuso al privado modificar el esquema tarifario bajo la premisa de flexibilidad, con una tarifa tope de 23 dólares que el operador podría acomodar siguiendo algunos parámetros. En medio de la discusión, empresas como Internexa consideraron que esta adenda podría traer serios problemas a la competencia. Pero la queja no necesito seguir su curso, pues Azteca respondió hace seis meses “sin presentar contrapropuesta alguna, por lo que todavía no se llegó a un acuerdo para la modificación de la alianza”.
Con el consenso visto a esta altura casi como una utopía, se analizan nuevas opciones. Para hacerlo de mejor forma se pidió ayuda internacional y asesores del Banco Mundial ya alistan la segunda parte de su estudio al respecto. La primera etapa arrojó como resultado que el administrador de la red solo puede prestar el servicio al portador, pero no puede brindar Internet a usuarios finales y el esquema de tarifas es muy rígido, sin posibilidad de descuento por volumen, que es la práctica actual.
Mientras espera que el segundo documento llegue a su despacho en los próximos días, la viceministra de Comunicaciones, Virginia Nakagawa, abrió la puerta para que Azteca retire sus fichas. En una entrevista deslizó que la empresa “puede hacerlo” y agregó que no cabería opción de arbitraje porque cumplió con las obligaciones pautadas en el contrato. “Si quiere retirarse del país, el Estado evaluará las acciones a tomar”, señaló en diálogo con el medio local Gestión.
En su último informe trimestral de resultados, Azteca se limitó a decir que “se encuentra en proceso de actualizar la valuación y las perspectivas de su inversión en Perú”, una operación que le significó ingresos por cinco millones de dólares en 2018. Mientras tanto, los problemas de la Red Dorsal trajo consigo demoras en los proyectos regionales de fibra óptica y Perú trabaja en solucionar todo junto aplicando cambios en la ley de banda ancha. Apostará así a cambiar la cara de lo que algunos consideran un fracaso rotundo y millonario.
