Las multas han resultado villanos de poca monta en el mundo de las telecomunicaciones. Hay un sinfín de pruebas de ello y distintos motivos que explican el por qué, entre los que destaca el tiempo que pasa entre el hecho y su sanción, y el largo camino que atraviesa cada proceso hasta la decisión definitiva. Algunos de los países trabajan en nuevas herramientas para mejorar la eficiencia pero pocos han plasmado ideas en normas afines. En el camino, el caso de Telefónica en Perú brinda otra opción al debate.
El Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado en Perú (OSCE) dispuso “sancionar a Telefónica del Perú por un período de seis meses de inhabilitación temporal en su derecho de participar en procedimientos de selección, para implementar o mantener catálogos electrónicos de acuerdo marco y de contratar con el Estado”, según consta en su resolución en la que agrega que la decisión es resultado de encontrarlo responsable de que la entidad deba resolver un contrato.
Casi en paralelo de conocerse el fallo, Telefónica emitió un comunicado en que se quejó de la sanción: “La empresa lamenta que temas de forma, sin sustento y con ausencia de gradualidad y proporcionalidad haya llevado a una sanción tan gravosa”. La inhabilitación temporal de contratar con entidades públicas, aclara luego, solo vale para aquellos procesos que se produzcan en los próximos seis meses y no afecta contratos en curso.
Esto “no solo afecta a la empresa sino también a la pluralidad y competitividad que requieren los procesos del Estado en materia de conectividad, tecnología y la propia transformación digital del sector público. Solo entre 2017 y mayo de 2019 la participación de Telefónica generó al Estado un ahorro de más de 30 por ciento sobre los precios base de referencia, lo equivalente a 200 millones de soles (59 millones de dólares)”, añadió para después asegurar que evalúa acciones en contra de la medida.
Telefónica fue el principal proveedor de telecomunicaciones del Estado en los últimos diez años, de acuerdo a El Comercio. Ganó más del 60 por ciento de los concursos en el último bienio y 38 de 66 en el primer trimestre de 2019. Perú, en este contexto, también tendrá la misión de encontrar adjudicatarios en ausencia de la empresa española, una situación que podría ser más compleja aún si se tiene en cuenta que el país no cuenta con operadores estatales, que en otros países como Costa Rica funcionan como aliados estratégicos.
Para la compañía, en tanto, la situación tendrá consecuencias directas. Aunque, como ya se dijo, la decisión no afecta compromisos previos, podría afectar la imagen del operador en futuros procesos, sugieren analistas. En términos monetarios, además, el impacto en ingresos podría ser de hasta 600 millones de soles (177 millones de dólares), según estimó el ex gerente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones, Alejandro Jimenez.
En el contexto de decrecimiento en facturación en el ámbito local, el golpe podría ser más que duro para Telefónica. Sin entrar en la discusión de este caso en específico por pruebas insuficientes para mostrarse a favor o en contra de la medida, el ejemplo local pone una nueva arma en manos de quienes imparten justicia en el mundo de las telecomunicaciones. Si las multas no funcionan y el diálogo propuesto en países como Brasil tampoco resultaran para cambiar la realidad, la tercera opción podría ser prohibiciones que toquen los bolsillos de las empresas y, en consecuencia, las motiven a no reincidir.
