El cinco de julio de 2019 se presentó un nuevo proyecto de “ley de telecomunicaciones en Perú”. Se trata de otra versión con la que se pretende cambiar la normativa vigente hace casi 30 años y la que, según coinciden en el sector, debe modificarse por los cambios que sufrió el mercado desde entonces. El nuevo documento llegó al Congreso firmado por seis funcionarios en representación del grupo parlamentario Cambio 21.
El fuerte rechazo que produjo el proyecto anterior, con número 4333, es quizás lo que explique una versión distinta con tan poco tiempo de distancia. Ese otro tenía como título “ley de telecomunicaciones y tecnologías de la información y la comunicación” y fue presentado el 15 de mayo por congresistas de Fuerza Popular. Según los registros oficiales, el documento fue trasladado a la Comisión de Transportes y Comunicaciones (MTC) una semana más tarde.
La posibilidad de que entre el Estado a actuar como operador en el mundo de las telecomunicaciones fue el punto más desarrollado por quienes se opusieron al texto 4333. También había algunas dudas sobre las funciones asignadas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y al Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y otros pormenores que quedaron en segundo plano cuando se discutió el documento.
Ese texto tenía 80 páginas y este otro apenas 55. La nueva versión no habla de empresas públicas de telecomunicaciones y pone énfasis en vigilar la libre competencia y sancionarlas conductas anticompetitivas. De Pronatel solo indica que este debe administrar el fondo de las telecomunicaciones (FITEL), que será destinado exclusivamente a garantizar el servicio en distintos sitios, resumió el periódico local El Comercio.
En este contexto, la controversia funciona en Perú a favor de la presentación de nuevas propuestas que pueden generar la mejor versión ante la complejidad de una ley que funcione en el contexto actual. Las cuestiones políticas se cuelan en la discusión. La actualización es, a todas luces, necesaria, pero a la demora habitual se le sumarán los tiempos necesarios para saber que texto funciona de primera versión para iniciar el debate definitivo hacia una ley sectorial.
