El presidente de Chile, Sebastián Piñera, convirtió en ley en proyecto que regula el tendido de cables de telecomunicaciones y energía. Se trata de un paso más en las distintas medidas locales tomadas con ese objetivo, incluso en gestiones anteriores, y tiene entre sus metas “embellecer las ciudades” y evitar accidentes. Se conocerán más detalles cuando se desarrolle su reglamentación.
Chile no es el primer país ni tampoco será el último que trabaja en cuestiones relacionadas al impacto visual de la infraestructura para telecomunicaciones pero, sin duda, es el que más se ha movido en los últimos años. Hubo un proyectos similares en Panamá, de la mano de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep), y en Perú, que exigió parámetros de mimetización para antenas que se instalen en el país.
En el país, la idea de amarrar, reordenar, trasladar o retirar cables que se encuentren en desuso inició después de terremoto ocurrido en febrero de 2010 que, además de víctimas fatales y destrucción de al menos medio millón de viviendas, tuvo fuerte impacto en las estructuras de telecomunicaciones. La normativa promulgada esta semana da sentido nacional a la propuesta y fija responsabilidades a los prestadores de servicio.
Entre 2012 y septiembre de 2017, según información publicada por la Subsecretaria de Telecomunicacaciones (Subtel), se habíán retirado más de 130 toneladas de cable solo en la Región Metropolitana. También se procedió, luego, a trabajos similares en otras regiones como Valparaiso, Bío Bío y los Lagos, donde también hubo trabajos de reordenamiento y amarre de activos que presentaban dificultades de algún tipo.
“La nueva normativa establece que las empresas de telecomunicaciones serán las responsables de la instalación, identificación, modificación, mantención, traslado y retiro de sus cables aéreos”, señaló la cartera sectorial en un comunicado en el que advirtió que el plazo máximo para hacerlo en de cinco meses a partir de que estos sean calificados como desechos, excepto en casos urgentes, según los criterios que sean definidos en la reglamentación posterior.
Desde presidencia, en tanto, adelantaron que la definición de desecho estará a cargo de la “municipalidad correspondiente” y que “cualquier daño o perjuicio que se genere como producto de los trabajos será responsabilidad de las compañías. Piñera dijo sobre el tema que a marzo se han retirado 647 kilómetros de cables en desuso y para el final de su mandato (2022) se habrán retirado 2.000 kilómetros de “escombros aéreos”.
Subtel agregó que si los operadores de telecomunicaciones no proceden al retiro en el plazo establecido, los municipios podrán retirar los elementos a costa de los mismos. El incumplimiento de las obligaciones será determinado de acuerdo a las disposición de la ley 18.287, que establece multas de 100 y 1.000 unidades tributarias mensuales, que en dinero se traduce en hasta 49 millones de pesos chilenos (68.000 dólares).
