Se presentó un anteproyecto de ley en República Dominicana que tiene como objetivo final bloquear señales de celulares en centros penitenciarios del país. Fue documentado por el procurador General, Jean Alain Rodríguez, ante la Cámara de Diputados. La idea, como siempre en este tipo de propuestas, es impedir las acciones del crimen organizado que atentan contra la seguridad. Todavía no se habla de cómo implementarlo, un punto que ha tenido larga debate en Latinoamérica.
El texto, del que no se han conocido mayores detalles, habla de los operadores celulares (Claro, Altice y Viva) como encargados de ejecutar el plan, pero es solo un borrador. “Este proyecto, de ser corregido y aprobado por el Congreso, procura combatir la ilegalidad de forma efectiva desde uno de los focos que más la genera, como todos sabemos, que son los centros penitenciarios. No ha sido efectiva la lucha contra esa problemáticas”, señaló el responsable de la iniciativa en declaraciones tomadas por el portal local El Nacional.
El bloqueo de señales en cárceles es una propuesta que a simple vista no tiene dobles fondos pero en el análisis más profundo presenta temas a resolver en aspectos técnicos, legales y económicos. Por eso es que se generaron debates muy amplios en los sitios que la aplicaron y en donde se intentó implementar todavía sin éxito. Mientras se discute, los delitos asociados al uso de teléfonos celulares, como secuestros virtuales, crece en cada país que presenta cifras sobre el tema, como México.
En la cuestión técnica el problema radica en que en algunos centros penitenciarios en los que se ha puesto en práctica hubo quejas de vecinos que aseguraron que perdieron la señal de sus celulares por el bloqueo en centros aledaños. En el aspecto legal, en tanto, los detractores se quejan de que un eventual bloqueo en cárceles vulnera los derechos de los reos a estar comunicados. La situación también perjudica al personal policial.
Pero si nada de lo anterior sucediera hay un punto que igual pondría todo en discusión, que no es más que quien se ocupa de llevar a cabo la acción. Los operadores se quejan de que quede bajo su mando la responsabilidad de velar por cuestiones relacionadas a seguridad pública mientras que las autoridades responden que las empresas tienen la obligación de prestar ayuda que sea necesaria cuando se le solicita. Este punto fue eje central de la discusión en Costa Rica, país en que corre una ley de bloqueo desde mediados de 2018.
El Salvador es quizás el país de la región que más aporte al tema, pues allí se aplicó el bloqueo de celulares como norma transitoria y luego el ítem pasó a ser parte de la ley Penitenciaria local. “Se dispondrán de todas las medidas necesarias para asegurar el corte de tráfico de telecomunicaciones desde y hacia los centros penitenciarios”, señala. Aquí también hubo puja que terminó cuando se instó a los operadores a asegurar que no existía comunicación en ningún centro penitenciario del país porque de lo contrario se les aplicarían multas diarias hasta cumplirlo.
Con este contexto, parece claro que República Dominicana se está por subir a un tren de debate y polémica. Deberá atravesar instancias de discusión, quejas de operadores o de las fuerzas policiales, según quién se ocupe del tema. También de los usuarios de zonas aledañas y de los abogados que pidan respetar el derecho de los presos. Esto le trae del desafío de atravesar los mismas barreras que todos los que lo intentaron o, con algo de optimismo, la oportunidad de convertirse en ejemplo con un plan ordenado que reduzca al mínimo los daños colaterales. Hay un tercer camino, que ya tomaron otros, avanzar hasta donde pueda y rendirse luego.
