El debate entre Avantel y el resto de los operadores por el pago del servicio de Roaming Automático Nacional (RAN) en Colombia se vislumbraba como un tema difícil de resolver por parte de las autoridades locales. Y fue dicho y hecho, pues en las últimas horas Tigo determinó desconectar provisionalmente el servicio a su competidor. La polémica no tiene respiro en el país que también debe resolver las quejas a la subasta de espectro y si Claro es dominante o solo líder del mercado móvil.
Avantel se presentó en el mercado colombiano hace poco más de cinco años y, por su condición de entrante, tuvo el beneficio de un pago menor en concepto de tarifas por RAN. El operador, que cosecha a la fecha 2,3 millones de usuarios móviles, usaba esa ventaja para utilizar redes de otras compañías en los sitios en los que no tenía cobertura propia. El punto de conflicto es si ese beneficio sigue vigente o no.
Tigo fue, desde el principio de la cuestión, el más enfático en las quejas. Reclama que Avantel siguió pagando la tarifa reducida a pesar de que su beneficio como entrante venció el 14 de noviembre pasado. Según sus cálculos esto generó una deuda en mora que a la fecha asciende a 24.000 millones de pesos (6,8 millones de dólares). Es por esa deuda que desde la medianoche del tres de octubre “Tigo procedió a desconectar provisoriamente el servicio de RAN de voz de Avantel”, indicó en un comunicado.
La filial local de Millicom expone que la decisión tuvo lugar “respetando los plazos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)” y fue informada a la Comisión de Regulación de las Comunicaciones (CRC) a principios de septiembre, que, según Tigo, estableció que Avantel debe pagar lo mismo que los otros operadores desde mediados de noviembre. El afectado “presentó una tutela pidiendo que no se lleve a cabo la desconexión, que fue declarada improcedente”, amplió.
Avantel, por su parte, rechazó la decisión de Tigo, considerándola “unilateral”. La determinación, dijo, “afectó a 50.000 usuarios, primando sus intereses económicos sobre el bienestar de los colombianos”. La defensa del implicado es que la disputa judicial todavía no se encuentra firme y actualmente está siendo revisada por las entidades competentes, por lo que aún no corresponde el pago que reclama el denunciante.
En este contexto, Avantel agregó que desde el inicio de las discusiones venía trabajando en evitar problemas de servicios en sus usuarios y por eso la afectación fue solo al dos por ciento de la base. En otras palabras, la empresa admitió que se veía venir este revés por parte de su competidor. Mientras Avantel dice que el fallo no está firme, Tigo pone el pago de la deuda como condición para reestablecer el servicio.
Claro también se refirió al asunto y, según el medio local El Heraldo, sus autoridades señalaron que “estamos convencidos que la mejor salida es la continuidad del servicio, por lo que estamos agotando todas las instancias posibles para generar la menos afectación posible”. En este sentido, la empresa se mostró en la misma vereda que Tigo en el reclamo pero algo más paciente, al menos por ahora, a la espera de una resolución.
Este no es el único tema que deberán resolver las autoridades locales, ni mucho menos. Tras la larga discusión de la finalmente publicada ley sectorial hubo un tiempo de calma que en las últimas semanas se vio seriamente interrumpido. En paralelo a esto, hay operadores que amenazan con recurrir la subasta de espectro prevista para diciembre si “no hay transparencia” y hay quejas de todos los operadores, excepto el implicado, por la posición de Claro en el mercado móvil local.
El de Tigo y Avantel es el tercer round abierto en pocas semanas y pronto podrían sumarse también Claro y Movistar contra la quinta compañía con más usuarios móviles de Colombia —la cuarta es Virgin Mobile—. Así como las disputas judiciales obligan a pensar si Chile está realmente preparado para lo que viene, el caso local parece dejar más cerca la misma pregunta, con el añadido de que la última subasta aquí se llevó a cabo hace seis años.
