La palabra compartición resulta algo extraña al pronunciarla pero ha salido tantas veces de la boca de los operadores de la región que ya es parte habitual del diccionario de uso frecuente en quienes se ocupan del análisis de las telecomunicaciones en Latinoamérica. No se trata de un término nuevo ni mucho menos —de hecho es parte del listado autorizado por la Real Academia Española (RAE)— pero sí ha ganado en repeticiones en el último tiempo, cuando se comenzó a hablar con más herramientas del camino hacia la 5G.
Las causas que ayudaron a que la compartición se convierta en patrón regional son bastante claras. Muchas de las empresas del sector no afrontan su mejor situación económica y las inversiones necesarias para estar a tono con lo que viene obligan a todos los interesados a ser cautos con sus desembolsos y buscar la forma de cuidar al máximo sus recursos. Casi todos han puesto en marcha algún plan para optimizarlos, aunque la mayoría opta por referirse sus planes de auteridad con eufemismos.
Telefónica del Perú es líder en todos los servicios y pretende mantener su primera posición también en lo que respecta a 5G. “Lo primero que hay que hacer es que la estructura del mercado pueda sostener la tecnología”, dijo sobre el tema su presidente Ejecutivo, Pedro Cortez. Anunció, casi de paso, que ya tiene un acuerdo de compartición con Entel, que incluye a 180 sitios principalmente ubicados en carreteras de Perú.
El acuerdo consistente en “dividir las antenas entre los dos para que se pueda atender a mis clientes y a los de Entel. Esto es una eficiencia en varios niveles, como Opex y Capex”, dijo el ejecutivo en declaraciones tomadas por el portal local El Comercio. También señaló que tienen otra alianza preliminar no vinculante con el mismo competidor para explorar todas las alternativas de compartición en todas las generaciones (2G a 5G).
Antes de eso, tanto Telefónica como Entel habían encontrado en la venta de torres una forma de descomprimir su nivel de deuda. La primera ya completó la venta de activos en Perú y obtuvo por ello una plusvalía contable superior a los 25 millones de dólares. Aunque no se conoció el comprador parecía estar claro que se trataba de Telxius. Entel, por su parte, puso en marcha su proyecto Alba, que incluirá el desprendimiento de más de 2.000 estructuras de las que tiene disponible en sus operaciones.
También esta semana, para sumar ejemplos recientes, Telefónica anunció que desde ahora accedería a la capacidad de última milla inalámbrica de AT&T en México. Con esa decisión, que concretamente significa que el tráfico 3G/4G y el que venga después viajará por la red de la compañía hasta la última radiobase cuando pasará a la infraestructura de su competidor para llegar al usuario, la empresa planea ahorrar unos 230 millones de euros al año.
Hace algunos días, en tanto, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) suscribió un acuerdo de Claro que consiste en el despliegue conjunto de infraestructura para promover la prestación de servicios de telefonía e Internet móvil en sitios de Ecuador que hasta el momento no cuentan con cobertura de este servicio. La alianza, en ese caso, se enmarca dentro del plan de gobierno denominado Estrategia Ecuador Digital, con foco en el cierre de la brecha digital.
El concepto de compartir tiene beneficios claros para una industria de la que se esperan inversiones millonarias y también es, por lo general, un punto bien visto por las distintas autoridades regulatorias. Ellos también tienen su trabajo en el asunto, por ejemplo en Brasil debieron revisar que la alianza firmada por TIM y OI no genere ningún riesgo a la competencia y que sí trajera los beneficios esperados: reducción de tiempo de despliegue y más sitios cubiertos por inversiones compartidas.
Así las cosas, en momentos de cualquier bolsillo queda flaco ante desafíos que se renuevan a cada instante, los operadores encuentran en la compartición de activos una herramienta para acercarse más rápido a los objetivos planteados. El rol de los reguladores en los acuerdos de este tipo parece claro: fomentarlos primero y fiscalizarlos después para evitar contraindicaciones de cualquier tipo. Lo que no se comparte se pierde, dicen, y los operadores no están dispuestos a perder.
