Luis Alberto Lacalle Pou, presidente electo de Uruguay, asumirá su cargo el primero de marzo de 2020. Sin embargo, el próximo mandatario ya tiene sobre la mesa la idea de país que quiere para su gestión y presentó un proyecto de Ley de Urgente Consideración para negociar cambios en áreas estratégicas.
En telecomunicaciones y servicios audiovisuales, el proyecto trae modificaciones directas a la Ley de Medios con la derogación de algunos artículos que estaban frenando la convergencia en el país —salvando las distancias, la medida recuerda a aquellas primeras decisiones que el exmandatario argentino Mauricio Macri tomó al iniciar su gestión en 2016—.
Lo más interesante del proyecto, no obstante, llega al final, escondido en una sección de “Otras Disposiciones”, casi como un anexo, como para que sea aprobado por el Parlamento sin discusión —la realidad es que el proyecto es mucho más amplio y atraviesa temas de seguridad, vivienda y economía que, sin duda, llamarán más la atención de los congresistas que deban discutir el proyecto del nuevo gobierno—.
Como primera consideración de esa sección, el texto propone implementar, finalmente, la portabilidad numérica pero no se extiende en consideraciones innecesarias sobre un servicio que ya se conoce que no tiene mucho efecto en el mercado. El proyecto de Ley apenas la declara como derecho de los usuarios a conservar su línea telefónica al cambiar de operador.
Al final del borrador, en tanto, se puede leer: “deróganse las siguientes disposiciones de la Ley N° 19.307, de 29 de diciembre de 2014: inciso tercero del artículo 39; artículo 55; inciso primero del artículo 56; literal C) del artículo 60; inciso segundo del artículo 68; inciso quinto del artículo 117; artículo 143 e inciso segundo del artículo 149”. La ley 19.307 es la Ley de Medios, que intentó regular los servicios de comunicación en Uruguay. Una ley no exenta de polémica —y causas judiciales— y cuya reglamentación se tardó más de la cuenta.
La principal derogación que plantea Lacalle Pou en este proyecto es el fin de los límites a la cantidad de servicios que puede ofrecer un operador. En concreto, se propone derogar un artículo que establece que el total de suscriptores de televisión paga no deberá superar el 25 por ciento del total de hogares con televisión por suscripción de todo el país y que el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados no podrá superar el 36 por ciento del total de hogares con televisión en cada territorio donde existan otras autorizaciones o licencias de menor alcance. Así, se abre la puerta a una mayor consolidación en el mercado de la TV paga, que hoy ostenta una gran cantidad de jugadores.
También se propone derogar parte del artículo que limita la propiedad cruzada de licencias para dar servicios audiovisuales y de telecomunicaciones. La Ley de Medios de Uruguay establece actualmente que quienes presten servicios de comunicación audiovisual no podrán, a su vez, prestar servicios de telefonía o transmisión de datos. Esta incompatibilidad es la que limita la convergencia en Uruguay, un reclamo histórico de la industria de ese país. Lo que sí se mantiene es la limitación para ofrecer servicios de televisión satelital de alcance nacional para abonados y, al mismo tiempo, contar con autorizaciones para servicios de radiodifusión abierta.
Las medidas propuestas por Lacalle Pou en términos audiovisuales buscan un giro hacia un mercado convergente. Incluso, algunas eliminaciones de incisos que promovían la preferencia de las empresas estatales a la hora de asignar “canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio”, indican que quiere acabar con los privilegios que, hasta ahora, supo tener Antel para instalar infraestructura y acceder a porciones de espectro. Lacalle Pou todavía no asumió pero ya tiene en agenda qué modelo de telecomunicaciones quiere para Uruguay.
