El Tribunal Federal de la tercera región de Brasil (TRF-3) decidió suspender los efectos de la cautelar que desde esta semana prohibía a los operadores cortar por falta de pago los servicios de telecomunicaciones, considerados esenciales, en el contexto de emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. La determinación, que se respalda desde argumentos económicos, va en contra del patrón regional.
La prohibición había sido dispuesta por la jueza federal Natalia Luchini, de un tribunal en lo civil federal de San Pablo, a partir de un acción pública promovida por el Instituto de Defensa de Consumidor (Idecom). Esa solicitud permanecerá en revisión, indicó el portal Teletime, pero mientras tanto dejará de correr esa obligación para los prestadores de servicio en todo el país.
El tribunal superior entendió que mantener en vigencia una decisión de ese tipo podría generar un desequilibrio y eso debe tenerse en cuenta en estas instancias. También consideró que faltó hacer un estudio de impacto de la medida previo a ponerla en marcha y que se tomó en un momento en que los operadores tienen múltiples desafíos que atender por la mayor demanda que produce el aislamiento social.
Por otra parte, contempla que la decisión tendrá un impacto en los recursos de las distintas entidades federativas. “La pandemia no puede ser usada como justificación para el impedimento de obligaciones porque podría generar un descontrol en las actividades económica”, argumentó el TRF-3 para respaldar la medida, que fue bien vista por las empresas. SindiTelebrasil, por ejemplo, indicó que las firmas ya generaron acciones para flexibilizar el pago de facturas pero necesitan, al mismo tiempo, que su negocio siga siendo sustentable.
La determinación de la justicia brasileña va a contramano de la tendencia regional. La mayoría de los países de Latinoamérica han puesto a los servicios de telecomunicaciones como esenciales y, por esto, varios de ellos prohibieron cortarlos para garantizar la comunicación, acceso a información y entretenimiento de la población. Generaron acciones en este sentido los gobiernos de Argentina, Perú, Ecuador y El Salvador, entre otros. Brasil había tomado el mismo camino pero cambió de decisión.
