Los operadores y los reguladores de la región han puesto manos a la obra para garantizar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones, considerados esenciales en el contexto de pandemia. Perú fue uno de los países que instó a los prestadores a habilitar el fraccionamiento de pagos y ahora, dos meses después, el regulador habilitó a las empresas la suspensión de servicios a quienes no pagaron ni presentaron su solicitud para hacerlo en cuotas.
La nueva resolución tiene como argumento “garantizar la sostenibilidad de los servicios, el mantenimiento de las redes y las nuevas inversiones que aseguren calidad y continuidad”, explicó el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Agregó que también es consecuencia de la alta tasa de morosidad que acusan los prestadores de servicios. Uno de los que lo expuso fue Bitel, que habló de una tasa de morosidad del 60 por ciento.
Desde el próximo miércoles tres de junio, entonces, se suspenderán los servicios de abonados que tengan tres o más recibos pendientes de pago. A partir del 12 de junio, en tanto, ocurrirá lo propio para quienes mantengan deuda de dos o más recibos, sean estos consecutivos o no. “La gradualidad de la aplicación no aplicará a quienes no cuenten con servicios pendientes de pago a la entrada en vigencia de la norma ni a quienes contrataron durante el período de emergencia”.
Para proceder a la suspensión, la empresa tendrá el deber de comunicar al abonado su intención con plazo no menos a dos días hábiles. Tendrá que indicarle el monto pendiente de pago y el plazo máximo para cancelarlo; también deberá informar sobre la posibilidad de fraccionar la deuda para evitar el corte. La suspensión no aplicará para las llamadas a servicios de emergencia y defensa civil para cuando se trata de segmentos de telefonía.
“A pesar de la alta morosidad, solo se solicitó alrededor del 2,2 por ciento de todo el monto adeudado por los servicios”, añadió el regulador. En tanto, puso en cifras parte del impacto del covid-19 en los operadores: entre marzo y abril las empresas vieron reducidos entre 17,6 y 29,2 por ciento sus ingresos operativos facturados. Esto generó dificultades en aspectos claves para la operación como los flujos de caja de financiamiento e inversiones previstas.
Como se dijo, no es Perú el único que tomó decisiones respecto al pago de facturas por parte de usuarios de telecomunicaciones. En Argentina, por ejemplo, las empresas se comprometieron a no aumentar los servicios por tres meses y activaron planes de contingencia para beneficiarios de planes sociales y otros que demuestren que sus ingresos se vieron afectados por el contexto. También prohibieron la suspensión otros países, como Ecuador o Venezuela, entre otros.
