El ministerio de las Tecnologías de la Información de Colombia (Mintic) publicó esta semana una resolución por la cual dispone que a partir del próximo mes, la contraprestación periódica que deben pagar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pasará del 2,2 por ciento al 1,9 por ciento sobre los ingresos brutos causados por la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones. El mismo porcentaje se aplicará sobre los ingresos brutos por la provisión del servicio de televisión, incluyendo los ingresos por concepto de pauta publicitaria y terminales.
La medida se enmarca en un contexto de pandemia que pone presión a los ingresos de los operadores. Con esta modalidad, asegura la ministra TIC, Karen Abudinen, se busca continuar con el trabajo de mantener las comunicaciones estables durante la cuarentena al ofrecer alivios económicos a los proveedores de redes y servicios de telecomunicación. La decisión fue bien recibida por Asiet que remarcó que la resolución “establece una contraprestación más adecuada para alcanzar el objetivo de apalancar la transformación digital en el país y extender el acceso a la conectividad, con mejor cobertura y más capacidad de las redes de telecomunicaciones”.
Si bien Colombia es pionera en tomar una decisión sobre los fondos de servicio universal, no es ajena a las discusiones que ya existen en la industria y que el covid-19 parece haber puesto nuevamente sobre la mesa. Ya el año pasado CAF advertía que era necesario repensar su diseño para resolver los cuellos de botella, administrar con eficiencia los fondos y garantizar que sean reinvertidos con los fines propuestos en vez de ser utilizados para cubrir programas de los presupuestos generales. Con la importancia que la pandemia le otorgó a las telecomunicaciones, el debate se reavivó y hubo hasta quienes pidieron intercambiar el pago de fondos de servicio universal por inversiones en infraestructura.
