La efectiva competencia entre prestadores de servicios de telecomunicacionesA efetiva Competição entre prestadoras de serviços de Telecomunicações

FUTURECOM 2012 – En el marco del estudio sobre la prestación del servicio público de telecomunicaciones, una de sus principales variables es la infraestructura que actúa como soporte para ello, esto es, la red por donde transita el tráfico de las comunicaciones. La prestación de los servicios es independiente de la tecnología o medios utilizados para ofrecerlos, pudiendo el prestador seleccionar libremente la tecnología y la arquitectura de red que considere más adecuada, respetándose así el principio de la neutralidad tecnológica.

Es necesario que los marcos regulatorios no condicionen ni impongan limitaciones al desarrollo de las redes ni se transformen en limitantes de progresos, incorporando es sus previsiones normas inmodificables referidas a esa infraestructura. Se debe dejar que la innovación y avances tecnológicos no se transformen en dificultades para la regulación ni viceversa. El objetivo regulador debe ser que prime la libertad de medios en la prestación de servicios.

Puede darse que se confronten dos intereses muy legítimos y entendibles, como son el interés del prestador propietario de la red y el del prestador entrante que desea comenzar con su oferta de servicios pero que no es poseedor de una red o la tiene en limitada expansión. Allí debe ser claro el marco regulatorio, a fin de equilibrar los intereses y saber que existe un interés superior, previsto en nuestra Constitución Nacional, que versa sobre la defensa de la competencia, la calidad de prestación de los servicios para los usuarios y al control sobre los monopolios legales y naturales.

Cierto es que la red es la base de los servicios y su desarrollo y expansión requiere inversiones, pero la situación fáctica varía cuando su inicial penetración en el territorio y mercados se debió a una protección legal inicial. Casi todos los modelos de prestación de comunicaciones fueron iniciados en este marco, con lo que extender los beneficios de esa protección en la etapa de plena o libre competencia puede ser abusivo.

No se trata tampoco de que quien arriesga inversiones deba cederla alegremente a terceros, porque para evitar ello tiene el derecho al cobro de sus cargos de interconexión. Pero en contraposición, la regulación debe impedir que ese derecho sea utilizado como una barrera para el ingreso de nuevos prestadores.

El eje del análisis debe pasar por facilitar y promover la posibilidad de la competencia entre prestadores. Es muy importante favorecer la existencia de redes, pero no lo es menos que los prestadores dueños de redes no impongan barreras de ingreso a los nuevos prestadores. Allí el marco regulador debe jugar su partido. Una sola red no es saludable para la multiplicidad de ofertas, en eso debe enfocarse la política pública para que los prestadores que lo deseen encuentren factible y posible invertir para el desarrollo de nuevas redes, y aquellos que no cuenten con el respaldo o capacidad financiera para ello, pueden ofrecer servicios en condiciones de mercado a los usuarios, últimos beneficiarios de una mayor oferta.

Una concurrencia basada en infraestructura es a mediano y largo plazo la forma más eficiente y sustentable de promover la competencia, sin que ello implique caer en la redundancia en inversiones, ya que en determinadas etapas de desarrollo puede ser más beneficioso el acuerdo entre prestadores antes que el tendido de una nueva red en zonas saturadas (por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires). En este último caso, quizás sea conveniente, eficaz y eficiente el uso compartido de infraestructura por los prestadores, regulada a través de convenios donde la regulación exige la prestación de facilidades esenciales de un prestador dominante a otro, para evitar duplicar elementos de red y que pueda usar los del operador de red para prestar sus servicios al usuario final.

La regulación de los mercados debe estimular la competencia y ofrecer oportunidades para la innovación y la provisión de servicios y redes de telecomunicaciones, en lugar de limitarse a la sola imposición de obligaciones. Permitiendo o promoviendo la competencia efectiva en un mercado específico y, en caso contrario, utilizar los mecanismos regulatorios únicamente sobre quienes sean considerados operadores dominantes.

A esto debe sumarse que a la fecha, convergencia mediante, existe en el sector una competencia entre las capacidades de las redes expresadas en sus parámetros fundamentales de volumen de información, cubrimiento y grado de movilidad, que permiten que se superponga a la competencia en el mercado, la competencia entre servicios.

Y esto se debe a la oferta de cada vez más servicios a través de una misma red, mejorando la posición de aquellos que sean dueños de infraestructura, por lo que el regulador debe centrar su trabajo en analizar en forma completa el nuevo escenario y velar por el punto de acceso del cliente a la red. El nuevo entorno convergente de redes y servicios hace necesario que la regulación vigente se adapte a este nuevo escenario.

Esta regulación debe tener en cuenta que debido a la convergencia tecnológica,  diversos servicios operarán simultáneamente a través de distintas plataformas tecnológicas, lo que implica que servicios comparables, desde el punto de vista del consumidor, no se deben diferenciar desde el punto de vista regulatorio por el simple hecho de que sean ofrecidos por diferentes canales o plataformas. Lo importante deberá ser focalizar que ese servicio se pueda prestar y en condiciones de calidad para el usuario y en competencia por los prestadores.

Con la digitalización de las redes, las diferencias técnicas entre los distintos tipos de contenidos desaparecieron. En consecuencia, las redes dejaron de ser específicamente para un contenido determinado: todo aquello susceptible de ser digitalizado puede ser transportado por una misma red y desde el punto de vista de los servicios, todas las redes pueden ofrecer banda ancha, telefonía o video. Como resultado, mientras en el mundo analógico la diferencia se daba por el servicio, ligado a la red de transporte, en el actual digital surgen dos sujetos claramente diferenciados: quien pone la infraestructura de distribución y quien genera contenidos.

Se hace necesario establecer control de posibles posiciones dominantes en el mercado y establecer condiciones que no sean utilizadas como impedimentos de ingreso. Esto teniendo en mira evitar las asimetrías regulatorias, que regulen en forma diferente redes que son cada vez más parecidas.

La convergencia en telecomunicaciones trae consigo nuevos retos y nuevas oportunidades de negocio, las cuales deben ir acompañadas de reglas de juego claras entre los operadores, de ahí que, la correcta defensa de la competencia y en su caso, la definición de mercados relevantes, juegue un papel central en el diseño y ejecución de la política regulatoria que se ajuste al nuevo entorno de las telecomunicaciones.

De acuerdo a ello, la promoción de la competencia, basada en una  nueva definición del concepto de mercado y el incentivo a la innovación que se desprende del reconocimiento de los costos asociados al desarrollo de la tecnología, serán dos aspectos que deberán tener muy presentes los reguladores.

La regulación pro competencia combina mecanismos de defensa del consumidor, acciones para evitar la competencia desleal y de una definición amplia del mercado.

Es por ello que no debe ser vista como antagónica u contraria las posiciones de quienes son propietarios de la red en contra de quienes no lo son, porque ambos prestadores deben tener cabida en el mercado ya que en definitiva, el beneficio es para el usuario y la sociedad de la información.

La existencia de ofertas múltiples para los usuarios, con la consiguiente mayor oferta de prestadores, mejora en los precios y/o en la calidad de los servicios serán sin duda una importante manera de colaborar con reducción de la brecha digital, eje de las políticas públicas para el desarrollo futuro. Claro que este servicio no es una isla dentro del contexto general del país, por lo que la posibilidad de inversiones directas importantes está ligada a otras variables ajenas al sector en sí mismo, pero éste sigue contando con un amplio dinamismo y desarrollo.FUTURECOM 2012 – No marco do estudo sobre a prestação do serviço público de telecomunicações, uma de suas principais variáveis é a infraestrutura que atua como suporte para eles, quer dizer, a rede por onde transita o tráfego das comunicações. A prestação dos serviços é independente da tecnologia ou meios utilizados para oferecê-los, podendo o prestador selecionar livremente a tecnologia e a arquitetura de rede que considere mais adequada, respeitando assim o princípio da neutralidade tecnológica.

É necessário que os marcos regulatórios não condicionem nem imponham limitações ao desenvolvimento das redes nem se transformem em limitantes de progressos, incorporando suas previsões e normas não modificáveis referidas a essa infraestrutura. Deve-se deixar que a inovação e avances tecnológicos não se transformem em dificuldades para a regulação e vice-versa. O objetivo regulador deve ser o que prima à liberdade dos meios na prestação de serviços.

Pode ser que se confrontem dois interesses legítimos e entendíveis, como é o interesse da prestadora proprietária da rede e da prestadora entrante que deseje começar com sua oferta de serviços, mas que não possui uma rede ou tem em limitada expansão. Deve ser claro o marco regulatório, a fim de equilibrar os interesses e saber que existe um interesse superior, previsto em nossa Constituição Nacional, que trata sobre a defesa dos competidores, a qualidade de prestação dos serviços para os usuários e ao controle sobre os monopólios legais e naturais.

É certo que a rede é à base dos serviços e seu desenvolvimento e expansão requer investimentos, mas a situação real varia quando sua inicial penetração no território e mercados se deve a uma proteção legal inicial. Quase todos os modelos de prestação de comunicações foram iniciados, com o que estender os benefícios dessa proteção na etapa de plena ou livre competição pode ser abusivo.

Não se trata de que quem arrisca investimentos deve ceder alegremente à terceiros, porque para evitar isso tem o direito de cobrar por seus cargos de interconexão. Mas em contrapartida, o regulamento deve impedir que esse direito seja utilizado como uma barreira para o ingresso de novas prestadoras.

O principal ponto da análise deve passar por facilitar e promover a possibilidade da competição entre prestadoras. É muito importante favorecer a existência de redes, mas não é menor que as prestadoras donas de redes não imponham barreiras de ingresso as novas prestadoras. Ali o marco regulador deve julgar seu partido. Somente uma rede não é saudável para a quantidade de ofertas, para isso se deve focar a política pública para que as prestadoras que queiram, encontrem factível e possível investir para o desenvolvimento de novas redes, e aqueles que não contem com o apoio ou capacidade financeira para isso, possam oferecer serviços em condições de mercado aos usuários, últimos beneficiários de uma oferta maior.

Uma competição baseada em infraestrutura é a médio e longo prazo a forma mais eficiente e sustentável de promover a competição, sem que ela implique cai na redundância em investimentos, já que em determinadas etapas de desenvolvimento pode ser mais benéfico o acordo entre prestadoras antes que o mantido de uma nova rede em zonas saturadas (por exemplo, a cidade de Buenos Aires). Nesse último caso, talvez seja conveniente, eficaz e eficiente o uso compartido de infraestrutura pelas prestadoras, regulada através de convênios onde a regulação exige a prestação de facilidades essenciais de uma prestadora dominante a outra, para evitar duplicar elementos de rede e que possa usar os da operadora de rede para prestar seus serviços ao usuário final.

A regulação dos mercados deve estimular a competição e oferecer oportunidades para a inovação e a provisão de serviços e redes de telecomunicações, em lugar de limitar-se a somente imposição de obrigações. Permitindo ou promovendo a competição efetiva em um mercado específico e, no caso contrário, utilizar os mecanismos regulatórios unicamente sobre quem sejam considerados operadoras dominantes.

A isso deve-se somar que a data, convergência mediante, existe no setor uma competição entre as capacidades das redes expressadas em seus parâmetros fundamentais de volume de informação, cobertura e grau de mobilidade, que permitam que se sobreponha a competição no mercado, a competição entre serviços.

E isso se deve a oferta de cada vez mais serviços através de uma mesma rede, melhorando a posição de aqueles que sejam donos de infraestrutura, pelo que o regulador deve centrar seu trabalho em analisar em forma completa o novo cenário e velar pelo ponto de acesso do cliente até a rede. O novo entorno convergente de redes e serviços faz necessário que a regulação vigente se adapte a este novo cenário.

Esta regulação deve ter em conta que devido à convergência tecnológica, diversos serviços operarão simultaneamente através de distintas plataformas tecnológicas, o que implica que serviços comparáveis, desde o ponto de vista do consumidor, não devem diferenciar-se desde o ponto de vista regulatório pelos simples fato de que sejam oferecidos por diferentes canais ou plataformas. O importante deverá focalizar que esse serviço possa prestar e em condições de qualidade para o usuário e na competição pelas prestadoras.

Com a digitalização das redes, as diferenças técnicas entre os diferentes tipos de conteúdos desapareceram. Consequentemente, as redes deixaram de ser especificamente para um conteúdo determinado: todo aquele suscetível de ser digitalizado pode ser transportado por uma mesma rede e desde o ponto de vista dos serviços, todas as redes podem oferecer banda larga, telefonia ou vídeo. Como resultado, enquanto no mundo analógico a diferencia se dava pelo serviço, ligado à rede de transporte, no atual digital surgem dois sujeitos claramente diferenciados: quem coloca a infraestrutura de distribuição e quem cria conteúdos.

É necessário estabelecer controle de possíveis posições dominantes no mercado e estabelecer condições que não sejam utilizadas como impedimentos de ingresso. Isso tendo em conta evitar as assimetrias regulatórias, que regulem em forma diferente redes que são cada vez mais parecidas.

A convergência em telecomunicações traz consigo novos desafios e novas oportunidades de negócio, as quais devem ir acompanhadas de regras de jogo claras entre as operadoras, assim que, a correta defesa da competição e nesse caso, a definição de mercados relevantes, jogue um papel central no desenho e execução da política regulatória que se ajuste ao novo entorno das telecomunicações.

De acordo com isso, a promoção da competição, baseada em uma nova definição do conceito de mercado e o incentivo à inovação que se desprende do reconhecimento dos custos associados ao desenvolvimento da tecnologia, serão dois aspectos que as reguladoras deverão ter bem presentes.

A regulação por competência combina mecanismos de defesa do consumidor, ações para evitar a competição desleal e de uma definição ampla do mercado.

É por isso que não deve ser vista como antagônica ou contrária as posições de quem são proprietários da rede contra quem não são, porque ambas prestadoras devem ter acomodados no mercado já que definitivamente, o benefício é para o usuário e a sociedade da informação.

A existência de ofertas múltiplas para os usuários, com a respectiva maior oferta de prestadoras, melhora nos preços e/ou na qualidade dos serviços serão sem dúvida uma importante maneira de colaborar com redução da brecha digital, centro das políticas públicas para o desenvolvimento futuro. Claro que este serviço não é uma ilha dentro do contexto geral do país, pelo que a possibilidade de inversões diretas importantes está ligada a outras variáveis alheias ao setor em si mesmo, pero este segue contando com um amplo dinamismo e desenvolvido.