“Si queremos cerrar la brecha digital antes de 2020 necesitamos un esfuerzo público y privado significativo”

Pablo Bello Arellano, secretario general de AHCIET

Basada desde hace algunos meses en su nueva sede de Bogotá, Colombia, la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) con Pablo Bello —secretario general del organismo y ex subsecretario de Telecomunicaciones de Chile durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet— a la cabeza, está trabajando junto con Regulatel y GSM Association de cara a su próxima XV Cumbre de Reguladores y Operadores a celebrarse en junio en Bogotá, con la coorganización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Espectro, marco regulatorio, convergencia, contenidos, brecha digital, estructuras tributarias y la colaboración público-privada son algunos de los temas que componen su agenda y sobre los cuales dialogó Bello con TeleSemana.com.

¿Cómo está trabajando AHCIET desde su nuevo cuartel general de Bogotá? Cumpliendo cuatro meses desde que nos instalamos en Bogotá (Colombia). Estamos bien, con un equipo muy fuerte, ya desarrollando la agenda de trabajo que hemos establecido que apunta a revitalizar el rol de la asociación, participar en forma más activa en los debates regionales, e indudablemente estar en la región, ya que antes estar en Madrid ponía una dificultad de horario, de presencia y de viajes, entre otros.

Hemos estado en una fase de instalación de la sede, y la segunda parte, que es la más importante, la de ir construyendo un posicionamiento desde la asociación, desde la industria, respecto de los temas más relevantes que tienen que ver con el desarrollo sectorial. Hemos identificado y estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las condiciones para el despliegue de infraestructura. Es innegable que el desafío que tenemos todavía en América latina para el cierre de la brecha digital exige y requiere que se pueda desplegar más infraestructura, que pueda haber más competencia, que pueda haber nuevas tecnologías incorporadas en la región. Y para ello, las condiciones para el despliegue de infraestructura pasan a ser fundamentales. Éste es un ámbito en el que vamos a seguir participando con particular relevancia.

En esa dirección el espectro radioeléctrico es un elemento básico, fundamental, para poder acceder a los beneficios de la banda ancha móvil, y es por ello que también estamos conversando y participando en las consultas públicas que se han ido abriendo en la región, respecto de cómo tratar de acercarnos a los países más desarrollados  en la cantidad de espectro que está destinado para el mundo móvil, y particularmente todo el debate abierto sobre el dividendo digital y cómo podemos aprovechar adecuadamente la banda de 700 MHz como un elemento estratégico para el cierre de la brecha digital en América Latina. Por un lado infraestructura, por un lado espectro, y acá estamos trabajando muy de la mano con GSM Association.

En tercer lugar, estamos analizando todo lo que son marcos regulatorios para la convergencia, para que América Latina pueda dar un salto importante en conectividad, como lo ha hecho en móviles en los últimos diez años, pero ya pensando en Internet, lo que se requieren son marcos regulatorios flexibles, inteligentes, para que se pueda aprovechar al máximo lo que las distintas tecnologías ofrecen. Y por tanto, lo que nos interesa conversar con los Gobiernos y los reguladores es ir avanzando hacia ese marco regulatorio más flexible, más abierto, que en un contexto de competencia permita a operadores públicos y privados generar una oferta de servicios a los consumidores de mayor calidad y sofisticación.

Por último, estamos trabajando conjuntamente con GSM Association, en las estructuras tributarias en América Latina. Porque una de las críticas más fuertes en la región tiene que ver con los precios de los servicios. Tenemos la convicción de que, en la medida de que se construya un círculo virtuoso de inversión y de competencia, indudablemente los precios irán a la baja. Pero también es fundamental que los Gobiernos pongan de su parte en generar esas condiciones, y también la estructura tributaria se constituye —en algunos países, particularmente— en un porcentaje alto del precio final. Lo veíamos en el caso de Brasil, donde cerca del 40 por ciento del precio final podía explicarse por factores tributarios, a nivel federal y estatal. Y por tanto la agenda que estamos manejando a nivel regional tiene que ver con estos cuatro elementos.

Si queremos cerrar la brecha digital en América Latina antes de llegar al 2020, se requiere un esfuerzo público y privado significativo. Tenemos que ser capaces de construir una alianza público-privada en la cual los operadores, las empresas, mantengan y refuercen su compromiso por la inversión y la competencia, y al mismo tiempo, por la incorporación de tecnologías avanzadas. Y que los Gobiernos y reguladores también sean promotores de la inversión. Hay un desafío mayor en América Latina, que tiene que ver con romper esa dicotomía en la cual el sector privado tiene una aproximación a veces conflictiva en exceso con los reguladores y Gobiernos, y viceversa. Y lo que vemos es que es el momento de construir ciertos puentes y de construir un diálogo de alto nivel, de carácter técnico, que nos permita avanzar como región.

En las acciones de los Gobiernos podemos distinguir dos grandes temas, por un lado el marco regulatorio y por otro, las iniciativas de los Poderes Ejecutivos de cada país. Teniendo en cuenta estos dos factores, ¿qué países ven más avanzados y cuáles más relegados? Hay dos niveles para diferenciar: por un lado, las políticas públicas en el ámbito de la red física, de la conectividad. En este ámbito, la visión que tenemos es que abrir más espacios para la competencia, liberar y entregar más espectro, facilitar el despliegue de infraestructura con el liderazgo de las autoridades políticas es fundamental. Creemos que Colombia está yendo por un camino muy adecuado, y eso se refleja en sus indicadores, con un liderazgo político importante, una visión estratégica, y al mismo tiempo, con políticas regulatorias que van en el sentido de abrir espacios a la competencia. Yo diría que Chile también tiene una muy buena experiencia en los últimos 10-15 años en la generación de este círculo virtuoso de competencia, inversión y apertura.

Por otro lado también es fundamental, para poder construir un ecosistema digital, que los Gobiernos hagan mucho esfuerzo en el desarrollo y fomento de los contenidos y aplicaciones sobre Internet, que es en definitiva lo que da valor a la conectividad. Y parte de lo que estamos planteando como elemento esencial de esta alianza público-privada es que las empresas cumplan adecuadamente de invertir en un contexto y entorno favorable, y que al mismo tiempo los gobiernos se enfoquen en el despliegue de contenidos y aplicaciones. Particularmente todo lo que tiene que ver con Gobierno electrónico, trámites y servicios, resulta fundamental, al tiempo que incentivar el desarrollo de contenidos y aplicaciones de carácter comercial desarrolladas en América Latina.

Tenemos tareas que repartirnos entre los Gobiernos y las empresas para dar el salto en los próximos años. Están dadas las condiciones, lo que se requiere es un impulso, una iniciativa política y también sectorial.

Hablando de iniciativas público-privadas hay ejemplos como Argentina Conectada, el Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) en Brasil, y Todo Chile Conectado, entre otras. ¿Cómo ven estas iniciativas? ¿Hay posibilidad de que se repliquen en otros países de la región? Sí, de alguna manera en todos los países de la región están desarrollando iniciativas en el mismo ámbito, Colombia tiene Vive Digital, en fin, cada uno de los gobiernos de América Latina ha tomado conciencia de la relevancia estratégica del sector en esta mirada de ecosistema digital. Creemos que es fundamental esta complementariedad entre el esfuerzo público y el esfuerzo privado. Lo que debiésemos tratar de evitar es que la inversión pública, los recursos públicos, no desplacen la inversión privada, sino que se complementen, y eso tiene que ver en cómo se desarrollan, por ejemplo, en el ámbito de la infraestructura proyectos para cerrar la brecha digital entre los sectores rurales y urbanos de bajos ingresos complementando y extendiendo el rol del mercado,

Y en el caso de los servicios y los contenidos, ahí sí que es fundamental la existencia de un liderazgo fuerte y, ojalá, institucionalizado. La existencia de un ministro de tecnologías de la información o alguna autoridad de alto rango que sea capaz de liderar una estrategia digital, una agenda digital, en cada uno de los países, ha demostrado ser extremadamente positivo para poder ir dando saltos acelerados en la región.

Tenemos la convicción de que estamos en un momento de particular relevancia para poder cerrar la brecha con los países desarrollados. Esa brecha no se cierra solamente con inversión pública, de las empresas o desde la capa de las redes, si es que no se integran adecuadamente los servicios, las aplicaciones y los contenidos en la región.

Y en ese sentido,  además de la brecha digital que hoy vemos fundamentalmente relacionada con la infraestructura ¿Qué tan importante es la brecha en contenidos en relación con los países más desarrollados? Bueno, yo creo que la brecha hoy día existe y es bastante innegable, tanto desde el punto de vista idiomático, o sea la presencia del inglés sigue siendo dominante en las redes, como en términos de la ubicación física, de la cual se aloja la información, y eso también genera costos mayores en America Latina porque todavía parte importante de los contenidos están dispuestos en Estados Unidos o en Europa, a los cuales se accede desde acá.

Por lo tanto, esto pasa también por estimular el desarrollo de data centers y puntos de conectividad para servicios en la región y que ojala crecientemente los contenidos sean de la región para la región porque finalmente ahí está la oferta de valor. Por ejemplo, un elemento preocupante que se repite en muchos países de América Latina es que en los últimos años la televisión por pago ha crecido más rápidamente que las conexiones de internet, de internet fija al menos, y eso sin duda da cuenta que la percepción de valor de las familias en términos de para qué sirve la conectividad todavía sigue siendo ambigua.  El desafío es darle un sentido de valor más nítido a la conectividad, y esta tarea necesariamente es conjunta. No basta con inaugurar extensiones de red o conectividad adicional si no hay percepción de valor por parte de la ciudadanía.

Respecto al espectro los pasos a dar tienen que ver con 4G. Lo que se ve en la región es que las bandas a ser utilizadas son 2,5 GHz y 700 MHz. ¿Cómo ven la realidad latinoamericana? En lo inmediato las expectativas están en 700 MHz, por los atributos de la banda y la disponibilidad. Estamos trabajando conjuntamente con GSM Association en sensibilizar a los gobiernos respecto de la importancia de avanzar aceleradamente en la liberación de espectro. Que, en segundo lugar, este espectro sea asignado con criterios de razonabilidad técnica, que no se privilegie la recaudación como factor fundamental —porque ello se traduce en mayores costos para los usuarios finalmente de alguna manera—, que las regulaciones no traten de promover cambios estructurales en la organización industrial desde el punto de vista competitivo.

Nos interesa que haya más competencia, pero también que todos  los operadores puedan competir por el espectro disponible y, ojalá, sin topes de espectro (spectrum caps). En definitiva, que se avance en la mayor disponibilidad de espectro para la industria móvil, y que efectivamente se pueda transitar hacia la cuarta generación.

Y acá, más allá de la banda de 2,5 GHz y de AWS (1700 – 2100 MHz) que también se están abriendo consultas y llamando a concursos en varios países, la tarea fundamental es ir generando consenso regional respecto de cómo asignar la banda de 700 MHz. Y acá hay al menos en América visiones distintas de cómo maximizar la disponibilidad de espectro en esta banda. Creemos que tenemos que aprovechar el máximo de espectro disponible en la banda de 700 MHz para poder efectivamente convertirla en un elemento fundamental de la banda ancha móvil. Y aquí pensamos que es interesante ver lo que están haciendo y planeando en Asia Pacífico, que entendemos, permite maximizar la cantidad de espectro disponible, a diferencia de lo que hizo Estados Unidos que tiene un modelo de asignación bastante más restringido dado que incorporó en la banda otro tipo de servicios.

En los próximos dos años —creemos que esto terminará asignándose entre 2013 y 2014— esperamos poder generar el consenso necesario para que toda la banda pueda ser destinada para la conectividad móvil. Ahí también estamos trabajando con Regulatel para poder también contribuir desde la región a generar economías de escala.

¿Cómo se armonizaría desde AHCIET la posibilidad de asegurar espectro para operadores existentes y fomentar también la entrada de nuevos jugadores? Básicamente con similares condiciones de acceso. Creemos que basta con que haya un operador interesado en entrar a un mercado e invertir —como lo han hecho los incumbentes, indudablemente—, pues está más que bienvenido a hacerlo. Ésa es la visión, creemos que el espectro debe concursarse en forma simétrica para todos, que se valore de forma equitativa el espectro por el cual se compite, y en segundo lugar, que la cnacha sea pareja para todos. Hay que reconocer el esfuerzo histórico de inversiones y al mismo tiempo ir generando mayores condiciones de competencia. Lo que no tiene mucho sentido es que los operadores existentes experimenten un deterioro de calidad permanente y problemas de cobertura como consecuencia de la carencia de espectro. Por eso la disponibilidad de espectro debe desarrollarse en forma coherente con la demanda y las necesidades de los consumidores.

¿Cómo sería posible favorecer un modelo que incluya también las zonas desatendidas, más allá de las áreas rentables? ¿Se puede lograr esto? En AHCIET tenemos operadores privados y públicos, y en muchos países los operadores públicos tienen un rol que no es solamente de rentabilidad sino que también tienen un rol más social. Y muchos países aprovechan esta participación estatal en la industria como un elemento para contribuir a la reducción de la brecha particularmente en sectores rurales con menor densidad de población.

Desde el punto de vista de las políticas públicas hay distintos mecanismos de intervención. Hemos visto como muy exitoso destinar fondos públicos para ser concursados por los distintos actores de la industria a través de una licitación inversa —es decir, quién pide menos recursos públicos— para desarrollar servicios en los sectores menos rentables. Acá no tenemos una visión dogmática, hay distintas modalidades. Evidentemente Uruguay tiene un modelo distinto, Argentina está desarrollando un modelo híbrido, lo relevante es que hay espacio para todos. Más que plantear un camino único, nos interesa buscar una aproximación pragmática, dialogante y coherente con la máxima competencia que sea posible en el mercado de las telecomunicaciones.

¿Cuáles son los temas pendientes más importantes en regulación en la región, además de los impuestos? Respecto a los impuestos, sólo mencionar que no es que la industria esté pidiendo rebajas tributarias o exenciones, que eso es una decisión de cada país. Si creemos que las telecomunicaciones generan externalidad positiva para América Latina; que facilitan el crecimiento económico y el acceso a nuevas oportunidades y educación; entonces lo que corresponde es que hagamos un esfuerzo para acelerar las tasas de absorción e incorporación de tecnología.

Ahora bien, en el ámbito regulatorio lo fundamental hoy es generar marcos de certidumbre. Todavía hay mucho movimiento en la región, las bases del modelo de desarrollo económico no están totalmente firmes, hay movimientos en distintas direcciones, y creemos que lo ideal en un entorno en el que se compite a nivel global por las inversiones, es que podamos avanzar en dar mayor certidumbre a los inversionistas respecto a las condiciones y garantías para desarrollar sus negocios. Lo que nos parece fundamental es que los marcos regulatorios sean lo suficientemente flexibles y abiertos para favorecer la competencia en servicios convergentes. Y el principio de neutralidad tecnológica tiene que ser fundamental en los marcos regulatorios. Creemos que hacer diferenciación entre fijo y móvil, alámbrico e inalámbrico, local y larga distancia, cada vez tiene menos sentido; y por tanto, en la medida en que los marcos regulatorios sean más coherentes con las potencialidades de la tecnología, indudablemente ésta se podrá aprovechar de mejor manera en beneficio de la región.

Estaremos conversando de estos y otros temas con reguladores e industrias el 12 y 13 de junio en nuestra cumbre AHCIET junto con Regulatel y la coorganización de la Comisión de Regulación de Comunicaciones gracias al esfuerzo y la relevancia política que le está dando el Gobierno de Colombia a las telecomunicaciones.

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Lucas Ledesma es un periodista que cubre el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información desde 2004. Ha trabajado y colaborado en diversos medios digitales e impresos relacionados con estos sectores. En abril de 2007, se unió a Tele-Medios como editor de TeleSemana.com.Su formación académica incluye la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina) y un posgrado en Gestión Estratégica de las Comunicaciones en la Universidad de Belgrano (Ciudad de Buenos Aires, Argentina).

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