México, Estados Unidos y Canadá firmarán próximamente la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) que los une hace más de dos décadas. La nueva versión contiene 32 capítulos y los más optimistas confían en que podría convertirse en un hecho en dos semanas, cuando autoridades de los tres países sean parte del foro internacional G20 en Buenos Aires. ¿Cómo afecta a las telecomunicaciones?
El capítulo 18 habla específicamente de los alcances del tratado en el sector. México, que llama al nuevo acuerdo T-MEC, indica que el objetivo de este apartado es “impulsar la competencia entre los diversos operadores del mercado y crear condiciones necesarias para facilitar el acceso y uso de redes públicas de telecomunicaciones, generando certeza jurídica para los agentes económicos”. Las autoridades locales confían en que el acuerdo traerá solo certezas pero también hay algunas dudas sobre sus consecuencias.
En la versión preliminar que muestra México no parece haber argumentos suficientes para hablar de cambios sustanciales en el corto plazo. “Cada parte se compromete a”, “cada parte asegurará que” son conceptos repetidos en el inicio de los párrafos del documento que regirá para la relación entre los países en materia de telecomunicaciones. Al menos a priori, parece más atinado hablar del capítulo como un manual de buenas prácticas sobre el que deberán regir las decisiones de cada país en la materia.
“Las partes reconocen el valor de los mercados competitivos para brindar variedad amplia en el suministro de servicios y mejorar el bienestar del consumidor y que la regulación económica podrá no ser necesaria si existe competencia efectiva o si el servicio es nuevo en el mercado. Reconocen que las necesidades y los enfoques difieren mercado a mercado”, se indica en un artículo. En otro se aclara que nadie impedirá a los proveedores elegir las tecnologías que deseen usar para el suministro de servicios y más tarde se advierte que tampoco se les prohibirá la celebración de acuerdos de itinerancia.
El organismo regulador será independiente en los tres casos y no deberá rendir cuentas a un proveedor de servicio público, por lo que cada país tendrá que asegurar que su entidad responsable no tenga interés financiero o mantenga un rol operativo o administrativo en ninguna empresa del sector. Queda prohibido, además, el trato “más favorable” a un proveedor que a otro similar y deben respetarse aspectos que defiendan al usuario en su privacidad y protección de datos.
Los responsables de la firma por el lado de México no tienen dudas de que alcance del acuerdo le será favorable. Entre las consecuencias positivas destacan que “se brindará certidumbre jurídica a la entrada de nuevos operadores”. Esto abre las puertas a que otros jugadores de Estados Unidos pasen a ser parte activa del mercado local, tanto operadores como generadores de contenidos o hasta lleguen nuevos servicios, indica El Financiero.
Pero mucha luz quizás genere sombras y en la vereda de enfrente aparecen algunas dudas. ¿La firma del acuerdo llevará a México a copiar legislaciones de los otros? De primera mano esta opción solo podría ubicarse en el terreno de las especulaciones pero el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (Idet) se hizo eco de la duda: ¿Pone en riesgo el tratado la neutralidad de Red en México? La consultora PwC se limitó a responder a Expansión que “no sabemos. No hay certeza de cómo cuadrará esto en el tratado”.
La magnitud del acuerdo obliga a hacerse más preguntas que se las que se pueden contestar, al menos por ahora. El cambio de administración que aplicará en México en los próximos días alimenta conjeturas en todos los planos y las telecomunicaciones no escapan a esta realidad. La llegada al poder de Andrés López Obrador podrá cambia el tono de las negociaciones en el mediano y largo plazo. Tal vez cambie todo, quizás no cambie nada pero hay que estar atentos.
