Universalizar los servicios también requiere cerrar brechas en temas de discapacidad

Las barreras del entorno constituyen obstáculos más graves a la participación social de las personas con discapacidad que las limitaciones funcionales, dice la ONU en la resolución “Normas estándar sobre la igualdad de oportunidades para las personas con minusvalía”, publicada hace poco más de 25 años. Corresponde a autoridades gubernamentales y de las distintas industrias romper esas barreras para avanzar en la idea de la inclusión definitiva. Las telecomunicaciones no escapan de esta lógica y sus actores han mostrado avances en el tema aunque aún permanecen materias pendientes.

No parecería lógico hablar de minorías en este caso. Cifras oficiales dan cuenta que el 15 por ciento de la población del mundo tiene algún tipo de discapacidad. Son más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Hay una mayor prevalencia en países menos desarrollados, que por lo general presentan casos más graves por la imposibilidad de los afectados de ser atendidos por personal idóneo. La población está envejeciendo y esto hace que los pronósticos para el futuro sean aún menos alentadores, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) da crédito de que “los obstáculos discapacitantes se pueden superar”.

Los cambios tecnológicos fueron acompañados, en parte, por nuevas normas que intentaron equiparar las condiciones de las  personas con algún tipo de discapacidad. Hubo ciertas mejoras que serán desarrolladas más adelante pero también se presentan desafíos, que podrían agruparse en uno solo: seguir avanzando hasta lograr que no haya diferencias de acceso en personas con y sin discapacidad.

El entramado es complejo, pues casi cualquier regulación, proyecto o en pos de mejorar la accesibilidad requiere de la coordinación ordenada de distintos actores. Al menos tres o cuatro partes entran en juego en este tipo de acciones, que empiezan con el proveedor y terminan con el usuario. En medio está la herramienta, plataforma, información, equipo que se utiliza y al costado, si se quiere hacer un esquema imaginario, es el cómo llega todo al consumidor final. La forma es un factor para nada menor y en muchos casos determinante para el éxito o fracaso de la acción. ¿De qué sirve una herramienta si los usuarios target no saben usarla?

En este contexto entran los defensores de incluir personas idóneas en materia de discapacidad en los ámbitos responsables de tomar decisiones. Casi cualquier informe sobre el tema entiende que esta opción se transforma en necesidad cuando se trata de reglamentación que atañe específicamente a personas con algún tipo de discapacidad. Un error en la implementación de una medida de este tipo puede devenir en falta de acceso para determinados consumidores. En éste, más que en otros temas, gana lugar el concepto “nada sobre nosotros sin nosotros”.

“Las medidas solo pueden ser consideradas en países que disponen de un marco reglamentario y jurídico que apoya este enfoque”, indica un estudio de UIT publicado al cierre de 2014 en cooperación con G3ict. La región tiene cada vez más casos de normativas que sirven de referencia para que los documentos que se aprueben sean parte de un todo, tanto desde la regulación macro que dispone reglas a favor de personas con discapacidad como normas del sector de telecomunicaciones que tienen como parte de su contenido ítems referidos específicamente a este 15 por ciento de la población.

La Ley Argentina Digital (n° 27.078), sancionada en 2016, expresa en su artículo 26 que debe garantizarse que las personas con discapacidad tengan acceso al servicio en condiciones equiparables al resto de los usuarios. Así también lo dejó de manifiesto en Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que publicó los lineamientos generales de accesibilidad a servicios de telecomunicaciones para los usuarios con discapacidad. La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) publicó, por su parte, la Regulación General de Accesibilidad para que los usuarios con discapacidad tengan un trato igualitario con el fin de “promover una sociedad incluyente”.

Fuera de ese tipo de normas, distintos países presentaron herramientas para favorecer la inclusión. Este es el caso de la propuesta Cine Para Todos, creada por el Ministerio de TIC de Colombia, que permite que “las personas con discapacidad visual, auditiva y/o cognitiva puedan disfrutar gratis del séptimo arte mediante la incorporación de elementos accesibles a las películas ofrecidas”. Bolivia, por presentar otro caso, presentó una herramienta para que usuarios con discapacidad puedan cobrar las asignaciones correspondientes a través de sus móviles. En República Dominicana, en tanto, todas las plataformas de Internet gubernamentales cumplen con todos los parámetros que permiten a una persona con discapacidad utilizarlas sin restricciones.

Son varios los mercados que, en simultáneo, presentan subsidios para asegurar el acceso a personas con dificultades de algún tipo. Uno de los casos es Perú, donde los operadores móviles decidieron comercializar planes especiales con hasta 40 por ciento de descuento para los 1,5 millones de usuarios que integran este segmento en el país. Unos meses antes, el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) había puesto en consideración un proyecto que tenía como foco reducir las barreras para el acceso de personas con discapacidad, con medidas como la reducción de tarifas.

Aunque la región da muestra de buenas intenciones, todavía queda un camino a recorrer. Así lo deja ver un nuevo informe del IFT en el que se evaluó la accesibilidad a servicios para personas con discapacidad y que da cuenta de que uno de cada tres concesionarios no publica su contrato de adhesión en formato accesible. Sin embargo, indicó, al menos ocho compañías sí cumplen con los parámetros solicitados y además disponibilizan audios y videos que facilitan su consulta.

Además, de los 3.781 centros de atención al público dispuestos por los operadores solo 1.991, el 52,6 por ciento, cuentan con los elementos de accesibilidad necesarios para que usuarios con discapacidad reciban atención, indicó IFT. “Ésta obligación será exigible a partir del 23 de enero de 2020”, señaló el regulador en un comunicado. La buena noticia es que el 82 por ciento de las empresas dispone de un número de atención a cargo de personas capacitadas en materia de accesibilidad y, la mala, que  no todas las empresas venden equipos compatibles para todo tipo de usuarios.

El contexto ayuda a ser optimista en que se incorporarán cada vez más medidas a favor del acceso de personas con discapacidad. Las opciones serán más eficientes si son parte de iniciativas que nacen del gobierno y llegan como pedidos formales a las empresas para aportar a la universalización de servicios.  El aporte de personas u organismos instruidos en la materia es fundamental para evitar errores que den como resultado acceso deficiente o nulo para los que deben ser beneficiados. El tema no es materia pendiente solo del sector de las telecomunicaciones pero sí está a cargo de las autoridades de este sector asegurar el acceso a servicios que hoy resultan básicos. La alarma suena y pide soluciones nuevas y más eficientes para problemas de larga data.

Nicolás Larocca
Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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