El PLC 79 deberá sortear algunos obstáculos antes de lograr los efectos buscados

Fueron algunos años intensos pero, finalmente, el proyecto de actualización de la Ley de Telecomunicaciones (PLC 79) fue aprobado en Brasil. La semana pasada logró el sí del Senado y pasó a manos del presidente, Jair Bolsonaro, para su promulgación.

La normativa había sido presentada a finales de 2016 y debió sortear crisis económicas, políticas, elecciones y cambios en los representantes en el Congreso de la Unión antes de alcanzar su aprobación. Hace un año el proyecto se encontraba frenado a la espera de alcanzar un espacio en la agenda de un Parlamento ocupado, en ese entonces, de temas que consideraban más prioritarios para el país.

La semana pasada parecen haberse dado las condiciones para que se trate el, quizás, más importante proyecto de ley de los últimos años en Brasil: la reforma de la ley de telecomunicaciones. Se trata de una norma que los operadores —especialmente fijos— estaban esperando y que permitirá la migración de las actuales concesiones al régimen más flexible de autorización a cambio de inversiones en banda ancha.

La iniciativa se aprobó en la mañana del jueves en la Comisión de Ciencia. Tecnología, Innovación, Comunicación e Informática (CCT) y, con urgencia, pasó al Plenario que la aprobó sin muchas dificultades gracias a un acuerdo firmado luego que el líder de gobierno, Fernando Bezerra Coelho, anticipara la elaboración de políticas públicas para la aplicación de los recursos que provengan de la reforma en las zonas menos favorecidas del Norte y Nordeste del país.

La nueva legislación trae una gran cantidad de beneficios para los operadores pero también para el poder público, ya que tendrá mayores facultades de revocar autorizaciones —el anterior régimen de concesión eliminaba la posibilidad de romper los acuerdos de forma unilateral—. La norma, largamente esperada por la industria brasileña, permitirá apalancar las inversiones de banda ancha en 10.000 millones de reales (2.445 millones de dólares) hasta un valor total previsto de 42.900 millones de reales (10.490 millones de dólares) anuales de acuerdo con previsiones del Ministerio de Economía publicadas por el medio local Tele.Sintese.

¿Qué cambiará con el PLC 79?

De acuerdo con el proyecto aprobado, todos los contratos de concesión entre la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y los operadores de telecomunicaciones deberán fijar la posibilidad de adaptación al régimen de autorización. Esto significa, entre otras cosas, que se acabarán las obligaciones del régimen de servicio público y la reversión de bienes al Estado al momento de la finalización de la concesión —justamente una cuestión que ha sido de gran impacto en países como Colombia—. El valor económico asociado a esa adaptación deberá ser reinvertido en compromiso de inversión para el despliegue de infraestructura de alta capacidad.

Esta decisión es la que provocó tanta demora en el proyecto y el rechazo de algunos senadores que, incluso, señalaron que se está “entregando concesiones públicas gratuitamente para el sector privado” aunque, en realidad, se trate de concesiones de servicios en desuso.

La norma permite que el plazo de concesión sea prorrogado por períodos de hasta 20 años, en vez de una única prorroga por el mismo período. Es decir, cuando finalicen las concesiones en 2025, se podrá aplicar una extensión por 20 años.

En cuanto a la gestión del espectro, el proyecto recientemente aprobado dispone prever la transferencia de autorización de uso de radiofrecuencias entre prestadores, con la aprobación previa de Anatel y, limitación de cantidad de espectro que pueda ser transferido. Esto habilita el mercado secundario de espectro en donde los privados podrán comercializar sus tenencias espectrales.

Las concesiones de espectro, en tanto, podrán también ser prorrogadas por 20 años mientras que las concesiones de servicios satelitales, por 15 años, de forma sucesiva. También se elimina la necesidad de licitación para la obtención de derechos de explotación satelitales, que serán entregados por un proceso administrativo que deberá determinar Anatel.

Por último, la norma insta al regulador a revisar periódicamente la regulación y promover cambios que se adecuen a la evolución tecnológica y de mercado.

Con esta decisión, Brasil se acerca a tener una norma más moderna y flexible, de cara a las necesidades de una industria que dejó a la telefonía fija de lado y requiere de mayores inversiones de banda ancha. Posiblemente, ayude a apalancar las inversiones y, también, libere a los operadores de cargas que los limitaban.

Lo que queda claro es que Brasil intenta una norma mucho más flexible para un mercado que está cambiando. Y, si nos guiamos por su texto general, la norma puede aportar algo de dinamismo a un mercado estanco. Y esto no es sólo por la posibilidad que abre el mercado secundario de espectro sino porque, quizás, la flexibilización de las obligaciones podrá ayudar a que se destraben algunas negociaciones para que ocurra la consolidación del sector. De hecho, no es casual que vuelvan a aparecer rumores de que sus competidores —en este caso Telefónica, otro de los mayores beneficiados por la reforma de la ley— puedan adquirir parte de sus activos, de acuerdo con el periódico español El Confidencial.

El problema que tendrá ahora Brasil es definir el valor de los bienes reversibles, una discusión que ya lleva varios años. La norma establece que su valor será calculado “en proporción de su uso para el servicio prestado en régimen público”, lo que sea que eso signifique. El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) ya alertó que será muy difícil para el regulador estimar un valor y, como si fuera poco, solicitó a Anatel revisar las decisiones sobre bienes reversibles tomadas en 2017 y entregar una nueva lista. La medida fue un golpe para la industria que vio caer sus acciones en Brasil.

Debieron pasar tres años para su aprobación pero, quizás, todavía no es demasiado tarde para una norma que intenta apalancar el sector. Eso sí, deberá sortear más de un obstáculo antes de que sus beneficios sean visibles en el sector. La definición y valor de los bienes reversibles es el primero pero, sin duda, no el único. Su éxito también estará determinado por cómo se redefinan los acuerdos que hoy están bajo el modelo de concesión.

Leticia Pautasio
Leticia Pautasio es periodista y Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (Buenos Aires, Argentina). Durante su carrera profesional se desempeñó en gráfica, radio y medios de comunicación en línea. Desde 2009 se especializa en tecnología, telecomunicaciones y negocios; cubriendo la realidad del sector en América latina. En 2013 obtuvo el diplomado "El Periodista Latinoamericano como agente y líder en el desarrollo social" del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México). Contacto: [email protected]

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