Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México le llegó su sentencia final. Anoche, el Senado aprobó la extinción de este organismo, junto a otras seis entidades regulatorias autónomas, entre ellas la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), luego de que Diputados hiciera lo propio hace una semana. El IFT volvió a pronunciarse durante esta mañana sobre el rol asumido desde hace una década y sobre la necesidad de preservar la autonomía constitucional de estos entes.
La decisión tomada por el Congreso mexicano a partir de una propuesta del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la campaña electoral fue algo así como la crónica de una muerte anunciada. El Senado aprobó la iniciativa con 86 votos a favor provenientes de legisladores del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT), y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Hubo 40 votos en contra del Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). No hubo ninguna abstención.
Edificio IFT. Imagen: IFT.
El paso siguiente es enviar lo aprobado ahora por el Senado en los congresos estatales que deberán discutir y votar el dictamen aprobado por el Congreso. Necesita la bandera verde de al menos la mitad de los organismos legislativos, es decir, por lo menos 17 de ellos deben estar a tono con lo decidido en el Parlamente. Si esto se logra, una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la ley queda promulgada.
Por la institucionalidad
Desde el IFT, en tanto, señalaron que “la evidencia demuestra que el mejor diseño institucional para la regulación de estos importantes sectores en nuestro país, ha sido la autonomía constitucional que es fruto de conquistas sociales históricas, pues ha sido este modelo el que arroja hoy resultados tangibles, que dan cuenta de una significativa evolución en la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión, con beneficios directos para las y los mexicanos, para quienes trabajamos y quienes han estado en todo momento en el centro de nuestras decisiones”. Alude al crecimiento de la conectividad entre la ciudadanía mexicana, además de las mejoras de las prestaciones obtenidas a partir de la puesta en funcionamiento del organismo, allá por 2013, especialmente en lo referido a la baja de los precios de los servicios.
El regulador también defendió la visión integral del organismo, además de haber promovido un buen funcionamiento del mercado de las telecomunicaciones. Por esa razón, señalaron diversos aspectos a tener en cuenta para evitar generar incertidumbre en el mercado y limitar la adecuada aplicación de la regulación sectorial y de competencia económica.
En primer lugar, consideró la imparcialidad técnica, la independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas como elementos indispensables para implementar regulaciones. También considerar “la compleja relación entre regulación sectorial y competencia económica”, mantener el capital humano especializado por la inversión de recursos realizada por el Estado mexicano, garantía de la labor institucional. Su pronunciamiento completo puede leerse desde aquí.
Defensa de lo hecho
Informó que continuará trabajando, que respeta la división de poderes, y que “manifiesta su plena disposición a aportar los elementos que sean requeridos para que a través de las leyes secundarias puedan generarse condiciones que sean en beneficio del desarrollo del sector, de los usuarios y audiencias del país”. Para cerrar, recordó que gracias a su existencia “ se puedan lograr ahorros para los consumidores de servicios de telecomunicaciones por encima de los 805.000 millones de pesos (40.000 millones de dólares), y una disminución en los precios de servicios de comunicaciones superior al 33 por ciento que se han conseguido a lo largo de los 11 años de existencia del IFT”.
Imagen: Cámara de Diputados de México.
Lo que pidió el IFT es la institucionalidad básica que requiere un organismo regulador como cualquier otro con tareas similares funcionando en el Estado. Respetar este principio es clave para la previsibilidad de los actores del mercado y la generación de certidumbre de largo plazo, especialmente en mercados que necesitan de proyección y de inversiones para saldar deudas sociales. Que las tareas del IFT sean asumidas por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que conducirá José Antonio Peña Merino, genera dudas porque tendrá que ser juez y parte al tener bajo su órbita lo que surja de la CFE y de Internet para Todos.
Cuando ya se transitó un cuarto de este siglo XXI, algunas lecciones básicas de la democracia todavía no parecen haber sido aprendidas en América latina.
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