La licitación IFT-12 que apuntaba a distribuir frecuencias para 5G no será. Así lo decidió el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en su última reunión. Argumentó que la cancelación de la subasta responde al pedido de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la necesidad de “salvaguardar la certeza jurídica y regulatoria” que exige este tipo de convocatorias. ¿Habrá sido su última decisión?
De modo que la política terminó imponiéndose al organismo técnico. Si bien el IFT como órgano rector de las telecomunicaciones fue extinguido por el Parlamento, como parte de la promesa de campaña realizada por el oficialismo, aún falta la letra chica de este procedimiento. La convocatoria a la licitación 5G, que incluía la asignación de 2.223 bloques en bandas como la de 600 MHz, la de 2.5 GHz, la de 800 MHz y la L, entre otras, fue realizada antes de la decisión legislativa. Y debía celebrarse el próximo 27 de enero.
Imagen: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
En el comunicado emitido por el IFT se dio cuenta de cómo se encaró este proceso, en el que se buscó generar incentivos aún cuando no se incluyó la banda de 3.5 GHz y la Secretaría de Hacienda no ha introducido grandes cambios en las tasas de uso del espectro, costo que es considerado excesivo por parte de la industria.
¿La última?
“El 2 de enero de 2025 el Instituto recibió, por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal en términos de lo señalado en el artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, una solicitud para cancelar la Licitación No. IFT-12 en la que destaca que el nuevo organismo no tendría elementos para continuarla en los términos definidos por el IFT”, detalló el IFT en su comunicado.
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Luego indicó que, en función de los plazos previstos en el calendario establecido para esta convocatoria, “es probable que el desahogo de algunas actividades para la licitación le correspondan a una nueva autoridad, una vez que se haya extinguido este Instituto”. Concluyó que, para salvaguardar la certeza jurídica y regulatoria que debe caracterizar a estos procesos “el Pleno del Instituto determinó cancelar la Licitación No. IFT-12, en términos de lo previsto en el numeral 17.1 de las propias Bases de Licitación, que expresamente contemplan la posibilidad de que el proceso licitatorio sea cancelado por el Pleno”. Dejó de dar la pelea que, hasta entonces, venía dando para salvar el rol del organismo.
¿Quién pierde con esta decisión? La industria, en primer lugar. Que no se logre avanzar con una licitación que demandó trabajo y esfuerzo para abrir el ingreso de operadores regionales y disponibilizar espectro en poder del Estado, inutilizado. La última licitación del IFT no había sido exitosa y ésta, con el sello 5G, lo exigía. De ahí el valor de las consultas públicas ya que participaron los máximos referentes del sector, tanto del sector público como del privado e, inclusive, de otros países: Asiet, Telcel, AT&T, Altán Redes, la Anatel, Huawei, la GSMA, Qualcomm, Megacable, la CANIETI, Viasat Tecnología, Promtel, la ASIET y Miguel Tentei Cortés Solórzano, gerente de transformación digital de AT&T.
Nueva era
Todo indica que la ATDT, a cargo de José Merino, será la encargada de llevar adelante la convocatoria. Y que sólo habrá que esperar un poco más. Pero en el medio están sucediendo otras cosas, como el interés de Altán Redes, que es propiedad del Estado, por acceder a los bloques de 2.5 GHz que se iban a adjudicar.
Imagen creada con IA
De hecho, fue la misma IFT la que aprobó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se convierta en la nueva dueña Altán Redes, que en la actualidad atiende a unos 17 millones de mexicanos, es decir, cerca de un 15 por ciento de la población. Esta determinación también resultó llamativa puesto que hace poco más de dos semanas, el mismo regulador ya había advertido sobre el riesgo que suponía esa concentración.
Otra era en materia regulatoria se inicia en México, mucho más política sin dudas, luego de una década de haber sido ejemplo a nivel internacional.
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