El Gobierno de México presentó un proyecto de ley para modificar la estructura institucional y normativa del sector de telecomunicaciones y radiodifusión. En el texto termina de formalizar la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su reemplazo por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Contempla cambios, como la regulación de tarifas, las condiciones de interconexión, la desagregación de las redes y la compartición de infraestructura. En espectro las novedades pasan porque la Secretaría de Hacienda ya no tendrá el rol definitivo que ostentaba hasta ahora. Además de proponer medidas para reducir la brecha digital.
El nuevo proyecto de ley sobre telecomunicaciones establece un régimen detallado y centralizado para la administración del espectro radioeléctrico y los recursos orbitales, definidos como bienes del dominio público de la Nación. La autoridad encargada de esta función será la ATDT, que asumirá atribuciones normativas, técnicas y de supervisión. Algunas de ellas, ya venía ejerciéndolas.
Si bien este organismo será el de mayor peso dentro del sector, el Ejecutivo Federal intervendrá en “la identificación de problemas de competencia” mientras que la autoridad de competencia se ocupará de diseñar e implementar “la regulación sectorial necesaria para corregirlos con la autoridad con mayor especialización en el sector”. Que el Ejecutivo se ocupe de identificar esos problemas es todo una novedad que llama la atención.
El espectro fue clasificado en tres tipos: determinado, que requiere concesión; libre, para uso sin concesión; y protegido, destinado a servicios sensibles como la navegación o la seguridad. Su uso se regirá por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y estará sujeto a planes anuales y lineamientos técnicos emitidos por la Agencia.
Respecto del precio, tema de polémica extensa en este país, ya no será la Secretaría de Hacienda la que establezca su precio. La ATDT le podrá pedir “opinión no vinculante”. Y en caso de solicitarle esa recomendación, deberá expedirse en un plazo de 10 días. Si no lo hace en ese tiempo, la agencia continuará con el desarrollo del trámite.
Con la mirada en 5G
Para los servicios de telecomunicaciones, la ATDT podrá otorgar concesiones mediante licitaciones públicas o asignaciones directas, según el tipo de uso: comercial, público, privado o social. Estas concesiones podrán durar hasta 20 años y serán prorrogables. También se permitirá el arrendamiento de espectro bajo supervisión estatal, con la condición de evitar prácticas anticompetitivas.
Entre los artículos transitorios, establecidos al final del proyecto de ley que supera las 300 páginas, se determina un plazo para avanzar de manera concreta en una subasta para 5G. Para ello, dispone que la ATDT deberá emitir, en un período de 180 días, un plan de licitación de bandas de frecuencia con el fin de mejorar la provisión de servicios de acceso inalámbrico móvil, lo que incluye el despliegue de redes 5G. El objetivo, según el texto, es garantizar un desarrollo eficiente del sector y asegurar que los concesionarios cuenten con anchos de banda adecuados.
5G . Crédito: Tortensimon – Pixabay
El extinto IFT intentó en dos oportunidades poner en marcha una convocatoria de este tipo pero en un caso decidió suspenderla ante la necesidad de introducir cambios, y la segunda vez decidió cancelarla de manera definitiva ante una decisión previa tomada por el gobierno de Claudia Scheinbaum que le quitaba autoridad al regulador. De aprobarse el proyecto y concretarse esta solicitud, a finales de este año, México podría estar llamando a una nueva licitación.
En cuanto al uso de espectro satelital, la ley introduce un régimen para la ocupación y explotación de recursos orbitales. Las concesiones podrán solicitarse por licitación o por iniciativa privada, siempre que se presenten proyectos técnicos viables. También deja abierto el juego a tecnologías emergentes en este terreno, lo que hace suponer que preparará el terreno para las conexiones móvil-satelital, o D2D.
El Estado podrá reservar capacidad satelital para seguridad nacional, conectividad pública y cobertura social, y tendrá prioridad sobre cualquier operador privado. En este punto cabe recordar, que desde la creación de la ATDT se hicieron varios reclamos sobre el foco que el país abordaría en materia satelital pero también de desarrollo espacial del país, luego que se identificara que el 70 por ciento de las funciones y atribuciones de la Agencia Espacial Mexicana no estarían contempladas en el taspaso.
Otro punto refiere a la creación de procedimientos específicos para que empresas o instituciones impulsen solicitudes ante organismos internacionales para asignar recursos orbitales a favor del Estado mexicano. En caso de proyectos educativos, científicos o sin fines de lucro, se prevén facilidades como la exención del pago de fianzas.
Brecha y tarifas
Respecto del despliegue de redes para reducir la brecha digital, la Agencia “emitirá recomendaciones a los gobiernos estatales, al Gobierno de la Ciudad de México, sus demarcaciones territoriales y gobiernos municipales para el desarrollo de infraestructura, obra pública, desarrollo territorial y bienes inmuebles, que fomenten la cobertura y el desarrollo eficiencia del sector de telecomunicaciones”. Es decir, que la reducción de la brecha digital dependerá de los intereses del Ejecutivo y no de la demanda del mercado.
En este sentido, un aspecto que quedó claro es que el Gobierno de México ahora sí podrá brindar el servicio de Internet a los usuarios finales, “por sí o mediante asociación público-privada, en este último caso siempre que el Estado mantenga en todo momento la dirección y control del proyecto”. En otras palabras, Altán Redes y la CFE podrán ahora venderles servicios a los usuarios finales de manera directa. En esta parte de la historia, hay que recordar el tironeo de los últimos meses en torno a la banda de 2.5 GHz.
Sobre la cuestión de tarifas y condiciones de interconexión, el proyecto apunta a resolver casos que no se encuentren establecidos por la Agencia y cuando no se logren convenir entre particulares de acuerdo a las previsiones de la norma. Es decir, la ATDT tendrá que “resolver los desacuerdos que se susciten entre concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”, entre otras relaciones comerciales que se den.
Este primer pantallazo no se queda en esto. Pero forma parte de una iniciativa que muestra el rumbo que el gobierno mexicano quiere imprimirle al sector.
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