SBA Telecommunications presentó una solicitud de concentración económica ante la Superintendencia de Competencia (SC) de El Salvador para adquirir Lati El Salvador, empresa torrera propiedad de Millicom, dedicada a la posesión y gestión de torres y sitios de telecomunicaciones. Se trata de un trámite que sigue a la compra de unas 7.000 torres que Millicom posee en El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua, realizada en octubre de 2024.
La adquisición realizada el año pasado se acordó en 975 millones de dólares, y forma parte de un acuerdo de más largo plazo donde Millicom alquilará esa infraestructura para brindar sus servicios en los distintos países. En Honduras y Guatemala, Tigo es el líder del mercado. En los otros países es también uno de los principales prestadores del sector.
Según datos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), en 2022 había 11,5 millones de líneas móviles, sobre una población de 6,5 millones de habitantes, lo que equivale a una teledensidad superior al 150 por ciento y cobertura móvil del 93 por ciento del territorio con tecnología 3G. La expectativa es que a finales de este año, este mercado alcance una penetración de 80,7 por ciento en 4G, según las previsiones del regulador.
En el mercado de banda ancha fija, las suscripciones a Internet alcanzaron las 992.293 conexiones en 2022, un 60 por ciento más que en 2020. Pese a este crecimiento, se trata de una penetración menor al 50 por ciento ya que El Salvador cuenta con algo más de 1,9 millones de viviendas, de acuerdo a los datos del último censo, realizado en 2024.
La SC sostuvo que en El Salvador la conectividad está impulsando a sectores clave como la salud, la educación y el comercio. En 2023, el PIB de El Salvador fue de 34.020 millones de colones (unos 3.900 millones de dólares), con un crecimiento del 3,5 por ciento, donde el sector de telecomunicaciones jugó un papel crucial en este desarrollo, especialmente en un contexto de digitalización acelerada.
Desde que recibió el trámite, la SC tiene 90 días hábiles para emitir su resolución, tiempo en el que evaluará aspectos técnicos, jurídicos y económicos, para determinar el impacto en la competencia y en el bienestar de los consumidores, conforme al artículo 34 de la Ley de Competencia.
