A pocas semanas que Telefónica del Perú fuera adquirido por la empresa de fondos argentinos Integra Tec, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) ejecutó dos embargos: uno el 24 de abril por 513 millones de soles (más de 138 millones de dólares) y otro, una semana después, por más de 318 millones de soles (más de 85.9 millones de dólares); algo que impactó de forma negativa en su calificación financiera.
Lo cierto es que Telefónica del Perú y el gobierno local están enfrentados en disputas que involucran un litigio fiscal de dos décadas y estimado en una deuda de 3.200 millones de soles (unos 864 millones de dólares) a la autoridad tributaria peruana, relacionado al Impuesto a la Renta (IR) del ejercicio 2000-2001 y la inhabilitación hasta 2026 para venderle servicios al Estado como pena por haber presentado presunta información falsa en procesos de contratación, establecido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en 2023.
A todo ello se suma el reciente componente de la venta de sus operaciones a Integra Tec por casi un millón de dólares, tres meses después de haber iniciado su proceso de reorganización financiera por quiebra.
Los detalles
El pasado 25 de abril, Movistar Perú informó que la Sunat, en cumplimiento de la Resolución de Ejecución Coactiva, notificó a la compañía de la inscripción registral sobre diversos bienes inmuebles por un monto de 513 millones de soles como garantía del cobro a futuro de la deuda exigible relacionada al Impuesto a la Renta por los ejercicios 2009 y 2000-2001.
Pero también aseguró que estas acciones “no afectan los flujos operacionales”, garantizó la “continuidad” operativa para sus 13 millones de clientes, y adelantó que “se preserva el valor del activo hasta que se complete el proceso de reestructuración de la empresa”.
“Además, avanza con el plan de mejoras tecnológicas en su red, en el que destaca el despliegue de fibra óptica en gran parte del país, que más de un millón de clientes ya han elegido; y la modernización de su red móvil, que a la fecha cuenta con 800 estaciones base renovadas de las 5.000 previstas hasta el 2027”, dijo el operador en el último comunicado publicado en su sala de prensa.
Sin embargo, cuatro días después, la Sunat ejecutó un segundo embargo registral sobre diversos inmuebles propiedad de la compañía por el equivalente a 318, 9 millones de soles, tal como lo comunicó el operador en su comunicación de un hecho de importancia, firmado por Christiann Antonio Hudtwalcker Zegarra, representante bursátil de Telefónica del Perú –disponible aquí-.
Mala calificación
Hace dos semanas, la calificadora de riesgo Fitch Ratings bajó la nota de la deuda de Telefónica del Perú por incumplimiento: fue de la categoría “C” a la de “default restringido” por haber incumplido el pago de sus cuotas de capital e intereses de su bono internacional de 2007, que vencía el 10 de abril de 2025.
En esas horas, el medio local El Comercio destacó que para la calificadora esta compañía “no cuenta con liquidez suficiente” para afrontar sus próximos compromisos. Inclusive, subrayó que una vez que el Indecopi apruebe el proceso de reestructuración vigente (PCO) la nota bajaría a “D”, indicando su procedimiento de quiebra y liquidación.
Imagen: Osiptel Perú
Los desafíos son económicos y financieros, y algo más
Con un proceso de quiebra en marcha y la caída en la calificación financiera, las pérdidas significativas observados en los resultados operativos de 2024 y la deuda que reclama la autoridad tributaria peruana, Telefónica del Perú tiene desafíos por delante, en un mercado que es cada vez más competitivo, donde Claro (América Móvil) y Entel rivalizan una estrategia basada en precios.
Y aunque el proceso de reestructuración de deuda esté en marcha por parte de su nueva dueña Integra Tec y el foco esté puesto en ampliar la oferta de servicios, la clave podría pasar por cómo recuperar solidez de capital.
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