Costa Rica atraviesa horas convulsas. Mientras atraviesa el tramo final de su subasta de espectro 5G, con un Reglamento de Ciberseguridad aún frenado por la Justicia y la firme convicción de haber logrado una estrategia que le permita achicar la brecha digital y productiva, prepara los detalles de otras dos entregas de frecuencias (para los servicios de radiodifusión y para atender las necesidades de las redes privadas del país). Sin embargo, por estas horas surgió un profundo debate en el país sobre la potestad y el cuidado de los datos de los usuarios móviles, a partir de que el Ministerio de Hacienda pidiera a los operadores un reporte mensual completo. De todo eso conversó TeleSemana.com con Hubert Vargas Picado, viceministro de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). Pero hay más, la idea de lanzar un laboratorio 5G y 6G, la cuestión de la competencia y de la salud del operador público.
¿Cómo avanza el proceso de firma de contratos para la adjudicación del espectro radioeléctrico y del comienzo del despliegue de redes 5G?
Hace dos semanas, el Presidente (del país) hizo la formalidad de firmar los acuerdos ejecutivos y es el trámite más complicado de todo el proceso. No la firma como tal, sino el poder llegar a ese punto, que ya se completó y se publicó en el Diario Oficial. Nos queda, únicamente, preparar la firma de los contratos y una fase adicional, de refrendo en un órgano que es totalmente independiente, que es la Contraloría General de la República. A partir de ahí, ya se da el pistolazo de salida del despliegue de 5G, con todas las obligaciones y demás detalles que se diseñaron en el cartel. Esto estará llegando a finales de junio, máximo la primera semana de julio.
Ya estamos a un mes del inicio de los despliegues…
Falta un mes y medio, o un mes y tres semanas en el peor de los casos. A partir de ese momento, los operadores podrían poner en marcha los despliegues porque ya podrían utilizar el espectro que se garantizaron recibir en la subasta y también comienzan a correr las obligaciones de despliegue en los 134 distritos que se destinaron para reducir la brecha digital. Porque este cartel de 5G tiene un componente vinculado a mejorar la industrialización del país gracias a una mejor conectividad, pero también el de cubrir muchas brechas que existían a nivel regional, sobre todo en zonas rurales, y eso comienza a correr ya a partir de ese momento.
¿Cómo se van a evaluar las obligaciones comprometidas?
Estas obligaciones fueron definidas por la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Sutel, y destinadas de acuerdo a los bloques de frecuencia adquiridos por cada operador. Entonces, es relativo para cada operador, de acuerdo al diseño de su participación en la subasta. Recordemos que hay dos operadores nacionales que incurrieron en este proceso, y entre ellos prácticamente tienen las mismas condiciones de despliegue, pero también hay otros cinco operadores regionales, cuya participación es distinta.
Es de resaltar que este cartel va a ser mucho más exitoso en cubrir esas zonas sin servicio porque, por ejemplo, en 15 años de tener un fondo de servicio universal, como es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), se han logrado desplegar unas 786 radiobases en las zonas poco conectadas, o nulamente conectadas. Y, con este cartel, se comprometió desplegar 3.304 radiobases. Entonces, los mapas de cobertura van a cambiar en dos, cuatro y seis años, de acuerdo a los despliegues de las obligaciones; y es muy importante porque estamos hablando de lo que va a pasar.
Me gustaría que, en unos años, se pueda atestiguar que esto se estaba conversando hoy y que empezó a cambiar la vida para muchas comunidades que estaban condenadas a tener un desarrollo limitado por, precisamente, no acceder a la conectividad. Ya no estamos en la etapa de que en Latinoamérica necesitábamos urgentemente cubrir agua potable y caminos, sí, sigue siendo algún reto en algunos lugares, pero el reto principal, ahora, es cubrir de conectividad de una forma lo más equilibrada posible a nuestros territorios.
Uno de los temas que había quedado suspendido por la Justicia en pleno proceso de subasta fue el del Reglamento de Ciberseguridad. ¿Cuál es el estado de situación hoy?
Hemos enfrentado cerca de nueve procesos judiciales, tres en escala de la Sala Constitucional, que es el órgano de mayor instancia a nivel judicial en el país, donde hemos ganado dos. Además, hemos tenido siete procesos adicionales y se han ido ganando en muchas instancias, pero lo que vemos es que el sector opositor a este reglamento sólo está dilatando y creo que ellos mismos saben que va a terminar ganando el Ejecutivo.
Los dos procesos que ganamos en escala constitucional acuerparon nuestras decisiones; indicaron que, por ejemplo, no estábamos consolidando el tema de la neutralidad tecnológica, de la cual ha habido una discusión a veces muy ligera por parte de algunas personas, también errada por parte de otros.
Lo importante es lo que dicen las instancias judiciales en este caso pues, tanto el proceso que cubre el tema de los derechos fundamentales como el que cubre las constitucionalidades, se acuerpan que no hay ninguna transgresión, que no ha habido una intención de excluir a alguien en particular; sino que como país, de manera soberana, estamos decidiendo estándares que tienen que cumplir y que invitamos a los que están interesados en participar en Costa Rica, a que cumplan con esos estándares.
¿Qué perspectivas hay de que finalmente se implemente ese reglamento y cómo podría impactar eso en quienes adquirieron espectro en esta subasta?
Las perspectivas es que esto se va a terminar implementando porque, literal, no hay un proceso en el que hayamos tenido alguna complicación judicial. Sólo nos están atrasando y a esto hay que entenderlo.
En este momento, los operadores tienen apertura para participar con cualquier proveedor. Ellos nos han indicado que sí tienen esa cautela, de no incurrir inversiones que después -en el mediano o largo plazo- puedan volverse perjudicadas.
Es importante recordar que el reglamento también posee un período transitorio de cinco años para la empresa que incurra en un incumplimiento, en el que se le atenúa el proceso de poder hacer la reconversión de esa tecnología. Esto es importante porque no es un reglamento agresivo, que obliga a apagar equipos, y creo que no lo hemos transmitido a nivel de comunicación a algo que estaba desde agosto del 2023. Hay un proceso para que los operadores puedan atenuar cinco años sus inversiones y que hagan las reconfiguraciones de modo tal que no provoque la salida de ningún operador, ni tampoco deprima la inversión en infraestructura digital que requerimos en el país.
¿Cuál es la situación del Grupo ICE? Al comienzo de este proceso, cuando se estaban discutiendo los lineamientos de lo que sería luego la subasta, los privados decían que la cancha estaba inclinada a favor del ICE, porque ya tenía espectro disponible. Hoy pareciera que se invirtió esa ecuación. ¿Cuál es su mirada al respecto y qué opinión tiene de la salud del operador?
Creo que las declaraciones de los operadores privados, en su momento, tenían cierta razón en el sentido de que la agrupación de espectro que posee el ICE es superior en prácticamente cualquier bloque de frecuencia (bajos, medios y altos). Eso lo ha acreditado la Sutel cuando ha publicado la aglomeración de bloques de espectro que tienen los operadores.
Ese timing que tenía a favor el operador público no fue aprovechado. Hay decisiones soberanas de esa institución porque, aunque sea parte del Estado, tienen la autonomía de decidir sobre sus inversiones. Y ese plazo que tenían, en el que pudieron desplegar 5G desde 2021, han decidido no hacerlo. De las noticias que hemos recibido por parte de ellos es que van a desplegar una red 5G standalone (5G SA), un camino tal vez un poco más largo, pero que cuando logren desplegar esa red, la experiencia de usuario va a ser importante. Es la estrategia de ellos.
Del ICE y Racsa…
Sí, el Grupo ICE. Si lo contabilizamos como un solo grupo de interés, una parte el ICE tiene frecuencias disponibles para desplegar 5G en la banda de 2600, que es una red óptima y es un bloque de espectro óptimo para 5G, sobre todo en sectores urbanos y suburbanos. Y Racsa, que es una empresa del grupo, también tiene 100 MHz en 3500 MHz, que es de los bloques de espectro más apetecidos para 5G. Y a estas frecuencias las tenían, desde el 2021 hubieran podido desplegar esto, incluso desde antes de esta administración.
Hubo declaraciones de la presidenta ejecutiva anterior del ICE que eran muy desafortunadas, porque decía que 5G era para jueguitos y esto expresó, tal vez, esa parálisis de inversión.
Respecto al espectro, también se había planteado en algún momento que el remanente podía significar una nueva subasta dedicada a abastecer las necesidades de redes privadas. ¿Qué hay de eso?
Eso es algo que vamos a ver. Por una parte, la Sutel acaba de completar este proceso de subasta de espectro IMT para 5G y sobraron bastantes bloques de espectro, algo que era esperable por el mercado en que se está ofreciendo. Pero es mejor que esté disponible a que esté mal utilizado en usos que ya no se requieren.
Hoy, seguimos con otro proceso de licitación de espectro para radiodifusión, y se van a liberar 90 MHz de la banda 600. Es decir que se van a apagar algunos canales de televisión y que eso se va a pasar a IMT, lo que va a suponer un bloque de espectro especialmente destinado para conectividad rural. Los casos de uso que vemos ahí involucran conectar, por ejemplo, islas que están en el Golfo de Nicoya, donde desplegar conectividad es realmente costoso y donde se están haciendo enlaces satelitales, con antenas microondas y demás, pero que no es lo que queremos. Vemos que la banda de 600 va a ser muy importante, porque a ambos lados del Golfo se pueden emitir frecuencias que cubrirán mejor la conectividad de las islas y de las zonas rurales inmediatas, no incluidas en la subasta de 5G.
A ese cartel de radiodifusión se lo va a terminar en noviembre o en diciembre de este año, aún a pesar de las objeciones. A partir de ahí, quedará un bloque de espectro de 600 que queremos agrupar para una nueva subasta IMT junto a los sobrantes que quedaron.
Esto lo estamos definiendo de la mano de Sutel, con quien hemos tenido una relación muy armoniosa en los últimos dos años, aún a pesar de los retos que han tenido. Estamos afinando la letra para que los intereses de la política pública de este nuevo cartel incluya también a la visión del regulador, porque cuando no se ha hecho esa coordinación aparecen los atrasos en los procesos.
Dentro de esos casos de uso, definitivamente, entran las redes privadas. Y, sobre todo mayores opciones para acceso fijo inalámbrico (FWA, por sus siglas en inglés). E insisto con la actividad rural, porque creo que resume todo: vamos a seguir consolidando los casos de uso que permitan una mayor industrialización, pero también que siga cerrando la brecha de cobertura en las zonas menos conectadas del país. Eso se logró en este cartel 2025 y tenemos que seguir en esa línea, siendo más agresivos en el próximo cartel.
¿Y en qué segmentos observan que hay más potencialidad para el desarrollo de redes privadas?
Por una parte, hay una industria internacionalizada; emprendedores nacionales que son los que requieren la ventaja de redes privadas dentro de una industria, como es una fábrica a la que pueden quitarsele los cables y permita que su diseño pueda cambiar durante un fin de semana. Esa industria nacional, que ya está internacionalizada, son los primeros que van a aprovechar esto y que desde este año ya han mostrado interés a los operadores de comenzar a adquirir estos servicios.
Por otra parte, Costa Rica tiene cerca de 500 empresas internacionales de dispositivos médicos, semiconductores, servicios centros de excelencia, que operan en el país, y este es otro segmento el que creemos servirá y que ya demostraron interés en desarrollar esas redes privadas dentro de sus fábricas. Estamos hablando de que hay parques industriales de 300.000 metros cuadrados que pueden adquirirlos y se evitan los costos de los cableados, además de las limitaciones para cambiar los layouts en las plantas.
Luego, la segunda capa de cobertura son las empresas que están buscando internacionalizarse y que precisamente un mejor acceso a la conectividad para tener mejor competitividad; que es la visión de Costa Rica: es un mercado muy pequeño para que una empresa se enfoque sólo en el mercado local. No somos Brasil, que tiene un mercado interno importante. En Costa Rica fomentamos esa internacionalización y creemos que la conectividad es una forma más de poder llegar mejor a los índices de competitividad requeridos para poder exportar.
No puedo dejar de preguntarle por el debate existente por estas horas, en torno a los datos de los usuarios móviles y la solicitud por parte del Ministerio de Hacienda de que los operadores móviles los entreguen. ¿Qué opinión tiene y qué rol ocupa el Micitt?
En este momento no hay un rol activo por parte del Micitt en el tema, salvo mediar entre los operadores y el Ministerio de Hacienda. Es un tema que todavía resta esclarecer. Como Costa Rica entró en la OCDE, ratificó su proyecto de ley del Sistema Estadístico Nacional, que le permite al Ministerio de Hacienda y al Banco Central acceder a más información del país y esto ha generado mucha controversia por el tema de la protección de datos, que fue requisito para ingresar a la OCDE. Son requisitos que también tuvieron Chile y Colombia, que también son parte; y que Argentina también va por ese camino. Se va a terminar dilucidando en los tribunales, para esclarecer que si esa ley tiene esa extensión para cubrir ese acceso a los datos o si hay un límite.
¿Pero la Ley de Telecomunicaciones no pondera que los operadores tienen la potestad de cuidar y velar por los datos de los usuarios, a excepción de un reclamo judicial?
Desde mi punto de vista, es algo prioritario y por eso es que tiene que dilucidarse en los estratos judiciales porque es muy probable que haya una contradicción entre normas. Es decir, hay una ley de creación del sistema estadístico nacional, que es la que permite acceder a mayores datos, pero si esto se contrapone con la ley general de telecomunicaciones esto definitivamente tiene que llegar a tribunales. Por una parte, los operadores se sienten en la capacidad de no entregar esos datos, porque ciertamente están amparados a la ley; pero por otra parte existe una instancia administrativa que también tiene una ley que les habilita a pedir esos datos.
Entonces cuando hay ese tipo de controversias, lo ideal es que llegue a los estratos judiciales y se dilucida ahí, que no se meta una opinión arbitraria por parte del Poder Ejecutivo y es precisamente lo que no queremos hacer.
¿En qué otras iniciativas están trabajando el Micitt?
Está próximo a salir un proyecto de un laboratorio de experimentación en 5G, que también esperamos que sea en perspectiva 6G. Queremos que Costa Rica no sea solo un tomador de tecnologías, queremos ser parte de ese desarrollo de diseño de los estándares de 6G; y también queremos que las tecnologías 5G y 6G empiecen a impactar mucho más rápido a las capas de emprendedores más pequeños del país, que son los que precisamente reciben más tarde estas tecnologías por su tamaño económico. Esperen noticias al respecto a finales de junio, de ese lanzamiento.
Y también continuamos con el tema de radiodifusión porque tenemos que desplegar bien ese cartel, para proteger la voz del periodismo independiente y para ordenar un sector que en 70 años ha operado en desorden. Hoy tenemos la oportunidad histórica de converger estos dos intereses, la tutela democrática y la tutela de la continuidad de un servicio que es esencial, ya lo vimos en el apagón en España que la gente sigue informándose a través de radio, que es la última capa tecnológica.
