Telefónica del Perú inició su Proceso Concursal Ordinario (PCO) luego que la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) así lo comunicara, como consecuencia de que la empresa “renunciara a los plazos de ley para impugnar dicho pronunciamiento” y planteara una nueva estrategia de salvataje.
Este lunes, el órgano de competencia peruano declaró el inicio de este PCO mediante la Resolución Nº 3053-2025/CCO-INDECOPI, como continuidad de un largo proceso iniciado por Telefónica en febrero de este año, cuando todavía no había sido adquirida por la empresa de capitales argentinos Integra Tec por casi un millón de dólares. En ese momento, tampoco había sido declarado el embargo de bienes por más de 832 millones de soles (más de 223 millones de dólares), de parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat); ni muchos menos conocida la manifestación de alivio por el desprendimiento por parte de su ex controlante, Telefónica Hispam.
El documento del Indecopi, publicado en el Boletín Concursal y disponible aquí, otorga 30 días hábiles para que los acreedores presenten sus solicitudes, con la documentación pertinente y la obligatoriedad de aclarar si mantienen vinculación con el deudor concursado.
También notifica a los trabajadores y extrabajadores de la operadora para que pueden elegir a sus representantes ante la Junta de Acreedores y los insta a iniciar los trámites correspondientes ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del país. La apuesta sería que esta Junta de Acreedores decida el destino de la compañía.
En el anuncio, el Indecopi explicó que el 14 de mayo, la empresa había renunciado “a los plazos de ley para impugnar dicho pronunciamiento”. La petición de “desistimiento del inicio de un procedimiento concursal preventivo” habría sido elevada el 14 de mayo, y aceptada por el órgano dos días más tarde.
Este nuevo capítulo y la aceptación por parte de la Comisión de Procedimientos Concursales quedó registrado en la Resolución N.º 3065-2025/CCO-INDECOPI, con el posterior archivo del expediente.
De esta manera, la empresa optó por un cambio de estrategia para encaminarse hacia un PCO que involucra el desarrollo de un mecanismo más riguroso y formal, tendiente a generar una reestructuración ordenada de las deudas, y cuya reestructuración será velada por el Indecopi.
Inclusive, y según publicó el diario local Diario Correo, Telefónica del Perú adujo que había padecido “contingencias fiscales” de dos décadas y “decisiones administrativas que la colocaron en desventaja”.
¿Y ahora?
La situación financiera de Telefónica del Perú es precaria y el inicio de este PCO no deja de plantear desafíos importantes a raíz de su elevada deuda, la acumulación de al menos cinco ejercicios negativos y la caída de sus ingresos y de su participación de mercado.
De todos ellos, se destaca la deuda con la Sunat (que en total superaría los 2.400 millones de soles o 644 millones de dólares), a la que se suman otras con tenedores de bonos, trabajadores y proveedores, que también encaminaron sus reclamos.
Por ejemplo, la Coordinadora Sindical de Telefónicos planteó la necesidad de “dejar sin efecto” la operación de venta hasta tanto se realizara una auditoría, además de proponer nacionalizar Telefónica al aducir la necesidad de atender cuestiones de soberanía, tal como lo reflejó el medio local La República el 28 de abril.
A ellos se sumó que el 7 de mayo pasado, el diario Gestión reflejó que el Poder Judicial local admitió un amparo presentado por tenedores de bonos emitidos en 2019 tendientes a anular la operatoria de venta y recuperar el capital invertido. Sucede que el 10 de abril había vencido el 33 por ciento del paquete total, por un monto de 150 millones de dólares. Entre esos bonistas está AFP, considerado el mayor tenedor de bonos del caso.
Con todo, este PCO marca un intento de reestructurar estas obligaciones y asegurar la continuidad de la empresa, pero el éxito dependerá en gran medida de la negociación con sus acreedores y de la implementación de un plan de refinanciación efectivo.
En esta fase también se introducen nuevos interrogantes, como por ejemplo, si la Sunat puede continuar con el proceso de embargos trabados como consecuencia de las deudas tributarias contraídas. Y la pregunta surge porque durante el proceso concursal, normalmente, se suspenden las acciones de cobro para proteger el patrimonio.
Inclusive, fuentes con las que conversó TeleSemana.com para producir este artículo dijeron que, en caso que no se llegara a un con los acreedores en un plazo de 18 meses, la empresa podría ser liquidada.
La viabilidad futura de la empresa, hoy depende de muchos factores.
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