El Mobile Infraestructure Forum (MIF), en el que intervienen los cuatro principales operadores de infraestructura inalámbrica compartida del Reino Unido (Cellnex UK, Cornerstone, MBNL y Wireless Infrastructure Group), planteó que la implementación de 5G “está en riesgo” porque no se facilitan las condiciones regulatorias para los despliegues. En ese sentido, destacó la “necesidad urgente de abordar el problema de 6.200 sitios estancados en un limbo legislativo” y de avanzar con “una implementación completa” de la Ley de Seguridad de Productos e Infraestructura de Telecomunicaciones (PSTI), sancionada en 2022.
En Reino Unido hay 6.200 sitios móviles, el 16 por ciento del parque total del país, que están alcanzados por la Ley de Arrendadores e Inquilinos de 1954 y la legislación equivalente en Irlanda del Norte. El MIF planteó en un comunicado (aquí) la necesidad de actualizar la normativa considerada obsoleta por otras ya vigentes, como el Código de Comunicaciones Electrónicas (ECC) de 2018, y la Ley de Seguridad de Productos e Infraestructura de Telecomunicaciones (PSTIA), que data de 2022.
Por eso, el país lanzó una consulta pública al respecto, que este organismo celebró, pero aprovechó la oportunidad para plantear sus necesidades. Dijo que “hasta que la Ley PSTI se implemente por completo, estos sitios siguen enfrentando obstáculos para las actualizaciones esenciales que necesitan aproximadamente 15 millones de clientes, lo que afecta a la inversión crucial en la infraestructura digital del Reino Unido”.
Y el planteo también incluyó indicadores del trabajo propio. Destacó que los miembros del MIF implementaron más de 32.500 actualizaciones de servicios 4G y 5G desde las reformas del ECC y que acordaron más de 4.600 contratos de arrendamiento entre proveedores de infraestructura y propietarios, sin la necesidad de mediar litigios.
“Las reformas de la ECC han tenido un éxito notable al facilitar la modernización de las redes móviles del Reino Unido. Ahora contamos con un marco legal claro, eficiente y bien redactado”, dijo Belinda Fawcett, presidenta del MIF, quien valoró que “es fantástico haber visto llegar a 4.600 acuerdos consensuados, pero ahora es crucial que el gobierno implemente todos los elementos pendientes de la Ley PSTIA”.
El anuncio también advierte que el Tribunal Superior especializado (Sala de Tierras) tramita de forma “eficiente y sistemática” los casos de telecomunicaciones y que desde la aprobación de la Ley PSTIA se bajó la necesidad de mediar los casos via audiencias judiciales.
Detalles de la Ley PSTIA
En Reino Unido se estima que cada hogar tiene en promedio nueve dispositivos conectados pero que, en su gran mayoría, carecen de protección; y como la estrategia de desarrollo de país se basa en los beneficios de la conectividad, en 2022 se sancionó la Ley PSTIA, que entró en vigor el 29 de abril de 2024, mediante la que se exigió a la industria de dispositivos que garanticen estándares de seguridad.
En la presentación de la normativa -que es extensa y que está detallada en este link- se recordó que un 57 por ciento de los hogares poseen un televisor inteligente, un 53 por ciento cuenta con un asistente de voz y un 49 por ciento de las personas usa un reloj inteligente o una pulsera de actividad física. El texto recuerda que este régimen fue diseñado para “mejorar la resiliencia del Reino Unido frente a los ciberataques y garantizar que las interferencias malignas no afecten a la economía del Reino Unido y del mundo en general”.
En trazos generales, la Ley PSTIA se partió en dos fases: en la primera se impusieron estas obligaciones a los fabricantes, importadores y distribuidores de productos de consumo conectables para que mejoren su performance de ciberseguridad. Y prohibió, por ejemplo, las contraseñas predeterminadas débiles, además de obligar al fabricante a reportar problemas de seguridad y ofrecer actualizaciones, cuyo incumplimiento puede ser penado por hasta 10 millones de libras esterlinas o el cuatro por ciento de sus ingresos globales anuales. La segunda fase está anclada a la expansión de la banda ancha en el país, con capacidades de gigabit.
