El mercado de telecomunicaciones en Colombia atraviesa un período de transformación crucial, marcado por una ambiciosa estrategia de expansión tecnológica, profundas desigualdades estructurales y una competencia que parece disminuir dado los anuncios de fusiones del mercado y la debilidad financiera que han demostrado algunos actores del sector.
En la última década, para el sector móvil, Colombia apostó por un modelo de política pública basado en subastas de espectro que imponen fuertes compromisos de infraestructura a los operadores, buscando cerrar brechas de conectividad, especialmente en zonas rurales. Este acercamiento no surge de súbito, sino que muestra cómo las autoridades colombianas han escuchado los llamados de la industria de sustituir procesos recaudatorios por obligaciones de inversión en despliegue de infraestructura. Llamados que dieron lugar a una modificación en la normativa colombiana con la aprobación de la Ley 1978 de 2019, que elimina el objetivo recaudatorio de los procesos de asignación de espectro radioeléctrico.
Si bien esta medida ha impulsado el crecimiento de las redes móviles, particularmente 4G con la subasta de 2019 y ahora 5G con la de 2023, persisten múltiples desafíos relacionados con la adopción real de los servicios, la asequibilidad, la calidad de la cobertura, y la capacidad institucional para garantizar un desarrollo equilibrado en todo el territorio nacional.
No obstante, el desafío de adicionar usuarios a servicios de telecomunicaciones en la denominada Colombia Profunda se ha exacerbado en los últimos años. Departamentos como Chocó, La Guajira, Vaupés, Guainía, Vichada, Putumayo, Caquetá y Arauca ilustran con claridad la fractura entre la Colombia urbana y desarrollada, y esa otra parte del país que aún espera inclusión efectiva y sostenible. Desgraciadamente son zonas caracterizadas por una escasa presencia del Estado, altos índices de pobreza y economías locales informales o de subsistencia. Han sido, además, escenarios prolongados del conflicto armado y de la acción de grupos ilegales.
Precisamente ha sido esta inseguridad la que se presenta como un gran obstáculo en la expansión de la cobertura de redes de telecomunicaciones, ya sea por sabotajes, potencial peligro de la integridad física de las personas encargadas de desplegar la red o el abandono de lugares donde sí existe cobertura, pero la presencia de grupos armados fuerza el desplazamiento de la población. El resultado es que aquellas regiones de la sociedad colombiana donde más se necesitan tecnologías digitales es donde más complicado se hace desplegarlas, pues esa Colombia Profunda es mayoritariamente indígena, afrodescendiente o campesina.
Subastas y brechas
Colombia es el único país de las Américas que ha realizado tres procesos de asignación de espectro para impulsar 4G en los últimos 12 años: en 2013, 2019 y 2023. Cabe mencionar que en esta última subasta el interés de los operadores se centró en frecuencias 5G por la asimetría existente en las obligaciones de cobertura rural, sólo existente para frecuencias identificadas como 4G.
El modelo de incrementar cobertura de redes de telecomunicaciones en zonas rurales y remotas por sí solo tiene un enfoque de “constrúyelo y vendrán”. Sin embargo, este crecimiento en la infraestructura no ha tenido un impacto proporcional en el número de usuarios conectados. A pesar del aumento de redes, la conectividad efectiva parece estancada. Esto se debe a una combinación de factores como la pobreza estructural, la falta de educación digital y la ausencia de servicios o aplicaciones que motiven el uso de las tecnologías disponibles.
La subasta del espectro de 2019 marcó un hito importante al comprometer a los operadores a llevar conectividad móvil 4G a 3.658 localidades rurales en los 32 departamentos del país, incluyendo San Andrés. El gobierno proyectó que, como resultado, se generarían inversiones superiores a los 5.000 millones de dólares. En la subasta de 2023, centrada en la tecnología 5G, se adjudicó el 83 por ciento del espectro disponible y se recaudaron ingresos un 30 por ciento superiores al precio base. Según el Ministerio TIC de Colombia, esta última subasta impulsará el despliegue de la red 5G y beneficiará directamente a más de 73.000 niños y niñas en 1.191 instituciones educativas con acceso a Internet por 20 años.
No obstante, este discurso contrasta con la realidad rural. Según un estudio del Banco Mundial y Blue Note Management Consulting, el 40 por ciento de la población colombiana vive a más de 10 kilómetros de la red troncal de fibra óptica, y el 98 por ciento se encuentra a más de 100 kilómetros. Esta distancia encarece el acceso a Internet de calidad. A finales de 2023, el 54 por ciento de las conexiones fijas seguían operando mediante redes de cobre, lo cual limita significativamente la velocidad y calidad del servicio. Según un estudio de la consultora global OMDIA, Colombia se ubica en la posición 12 entre 17 países latinoamericanos en conexiones de fibra al hogar y en el puesto 11 en porcentaje de usuarios que contratan estos servicios.
En cuanto al 5G, Colombia ha ingresado en esta nueva era tecnológica en una fase tardía, repitiendo el patrón observado en la llegada de 3G y 4G. Esta demora ha permitido que los dispositivos 5G se abaraten, facilitando cierto grado de accesibilidad, con los modelos más baratos de celulares con esta tecnología vendiéndose a 360.000 pesos colombianos, según datos de Frost & Sullivan, pero su adopción sigue siendo un desafío. Para 2027, según OMDIA, se estima que solo el 40 por ciento de las líneas móviles utilizarán 5G, por debajo del promedio regional del 48 por ciento. Los operadores aún no han podido demostrar con claridad las ventajas sustanciales de esta tecnología frente al 4G, más allá del acceso inalámbrico fijo, lo cual dificulta su masificación.
Sin tono
La asequibilidad también representa un reto estructural. Aunque los precios de los servicios móviles en Colombia están por debajo del promedio mundial según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la alta pobreza, especialmente en zonas rurales, impide que muchas personas puedan costear dispositivos o planes de datos. Esto no se trata de tarifas altas, sino de una población que simplemente no tiene los ingresos suficientes para acceder a los beneficios del ecosistema digital.
Este problema requiere soluciones integrales que combinen políticas de telecomunicaciones con estrategias de desarrollo económico y reducción de la pobreza que contribuya al incremento del trabajo formal en estas zonas del país. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para finales de enero de 2025 la informalidad en centros poblados y rurales de Colombia es de 83,2 por ciento.
En el plano competitivo, el mercado presenta tensiones. La eventual compra de Colombia Telecomunicaciones (Movistar) por parte de Millicom, accionista de Tigo, podría derivar en un duopolio técnico. Aunque WOM ha ganado un 7,48 por ciento del mercado móvil, y existen operadores móviles virtuales (OMV), estos últimos apenas alcanzan una participación del 2,44 por ciento, comparado con el 19 por ciento en Brasil y el 14,9 por ciento en México, según cifras del Ministerio TIC. Tampoco se debe obviar la dificultad que han enfrentado los interesados en entrar a competir en el mercado colombiano, por ejemplo, Telecall, operador que aún no ha pagado los derechos por el espectro adquirido en la subasta de 2023, o las dificultades financieras que atraviesa WOM, que le han impedido cumplir con sus expectativas de cobertura y crecimiento en el país.
La limitada presencia de OMV en zonas rurales agrava la situación de falta de opciones para millones de colombianos. El fomento del roaming nacional en regiones desatendidas y la promoción de nuevos actores podrían revitalizar la competencia y diversificar la oferta.
Un aspecto que merece atención es la falsa equivalencia entre cobertura y adopción. Aunque se amplían las redes, muchas personas no se conectan por falta de conocimiento, relevancia o servicios que justifiquen el gasto. Por ejemplo, disponer de 4G en una comunidad no significa que sus habitantes lo usen, si no tienen un teléfono inteligente, o si no existe una aplicación que les sea útil o relevante. Cambiar esta visión implica enfocarse también en la alfabetización digital, el desarrollo de contenidos y servicios locales, y la creación de ecosistemas que estimulen el uso cotidiano de la tecnología.
Escuchar, en primer plano
Hay que escuchar a las diversas regiones del país para entender cuáles son sus necesidades más inmediatas. No todas necesitan 5G o inteligencia artificial a corto o mediano plazo; se precisa gatear antes de caminar o correr. En un país con tantas asimetrías en la adopción de nuevas tecnologías, la receta para mejorar la conectividad tiene que amoldarse a las distintas realidades, saber que se comienza en distintos lugares de la carrera, pero manteniendo el mismo objetivo para todos.
Colombia también debe reconfigurar su enfoque hacia el valor agregado del ecosistema digital. Las tuberías ya existen en muchas regiones, pero lo que circula por ellas —contenidos, aplicaciones, plataformas, servicios de gobierno digital— es todavía limitado. La estrategia nacional debe ir más allá de la infraestructura y apostar por la generación de talento local, el fortalecimiento del sector de software y la promoción de soluciones tecnológicas adaptadas a las realidades locales. Esto incluye alinear políticas educativas con los retos del sector y estimular la participación de universidades, empresas emergentes y gobiernos locales en la transformación digital del país.
En conclusión, el sector de telecomunicaciones en Colombia ha logrado avances sustanciales en términos de expansión de infraestructura, especialmente gracias a las subastas de espectro y las obligaciones de cobertura impuestas a los operadores. Sin embargo, la adopción efectiva de servicios sigue rezagada, frenada por factores económicos, sociales y estructurales.
La clave del futuro radica en evolucionar del paradigma de solo construir redes para abrazar una visión más amplia que lo complemente con educación digital, la asequibilidad, la innovación local y una gobernanza participativa. Solo así Colombia podrá cerrar su brecha digital y construir una sociedad conectada e inclusiva en todos los rincones de su territorio.
